En una lapidaria sentencia judicial, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta declaró como ilegal la decisión del actual Gobierno respecto a la evaluación ambiental del proyecto minero-portuario Dominga, reprochando, además, que la Administración resolvió de manera arbitraria, parcial y en base a criterios políticos, al denegar el permiso ambiental.

Lo anterior viene a ratificar un hecho que sabemos hace años.

A más de dos décadas de haberse establecido una institucionalidad especializada en este país, el problema de la intervención de la autoridad política en las decisiones ambientales se ha agravado. Tal como señala el Tribunal, los servicios y órganos con competencia ambiental se muestran excesivamente receptivos a los intereses de los Gobiernos de turno. Esto ha llevado, en algunos casos, a decisiones contradictorias dentro de un mismo proceso de evaluación ambiental, especialmente cuando este se extiende por más de un período presidencial, algo que ocurre con preocupante frecuencia.

Lamentablemente, la reacción del Gobierno ha sido atacar al Tribunal, amenazando con, incluso, interponer un recurso de queja en contra de las y los ministros de la judicatura ambiental, líbelo cuya finalidad es, ni más ni menos que “corregir faltas o abusos graves, cometidos por los jueces en la dictación de resoluciones jurisdiccionales y hacer efectiva su responsabilidad disciplinaria”.

Asimismo, legisladoras y legisladores -incluso algunos con aspiraciones presidenciales- no solo han olvidado la limitación constitucional de no comentar causas........

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