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Los que mandan piensan que respetar la ley es una estupidez

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20.09.2021

Desde hace muchos años, hasta ahora, los que han ejercido el poder político y el económico sostenían que Chile es un país “legalista” y la mayoría de la población así lo ha creído, pero con la irrupción de las redes sociales, algunas radios, medios digitales, con una ciudadanía más informada y las nuevas tecnologías, ha quedado en evidencia que lo anterior es una soberana mentira. Los que se desenvuelven en los mercados saben que con corrupción se obtienen mayores ganancias y si tienen amigos en la Administración la cosa es más fácil.

Los que pueden defraudar y abusar lo hacen, con el cálculo de que es difícil que sus insanas prácticas sean detectadas y si ello ocurriera, ellos saben que, con suficiente dinero podrán contratar a ciertos abogados de moda que se vanaglorian de ser ex alumnos de nuestras dos mejores universidades y tener postgrados en el extranjero, no les pasará nada o bien tendrán que ir a clases de ética para que en sus futuros proyectos se porten bien. Está claro que el estallido social de octubre de 2019 fue una consecuencia directa de esos viles comportamientos, los que desafortunadamente todavía se mantienen, sin que existan señales de que paulatinamente se vayan corrigiendo.

Justificando el título de esta columna, a continuación, damos a conocer tres situaciones concretas objetadas por la Contraloría General de la República, la única institución que cumple sus funciones fiscalizadoras, que son demostrativas de lo que el gobierno no debe hacer.

Durante años el mercado inmobiliario ha utilizado diversas pillerías, casi siempre toleradas por las autoridades competentes, para aumentar la rentabilidad de sus negocios sin importar las consecuencias de esas malas prácticas, por ejemplo, en los incautos compradores de viviendas incorrectamente emplazadas.

En efecto, hay una recurrente trampa posibilitada porque en apariencia todo parece estar en regla, debido a que el ardid inmobiliario involucra la obtención de aprobaciones de las autoridades competentes, ya sea del sector municipal o de la respectiva Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo.

El engaño consiste en utilizar incorrecta, pero astutamente, el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para “levantar” o “alzar” las restricciones generadas por un determinado riesgo que estén definidas en el correspondiente Plan Regulador Comunal (PRC) o Intercomunal (PRI), usando como argumento las conclusiones y obras de mitigación definidas en un estudio fundado aprobado por la autoridad competente. Luego del alzamiento del riesgo, el terreno quedaría sin normas urbanísticas, debiéndose aplicar las normas supletorias, típicamente muy permisivas, que correspondan.

Pero ese artículo de la OGUC nunca ha permitido........

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