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Este gobierno es "experto" en crear instituciones de fachada

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28.05.2022

En esta tribuna independiente entregamos el 6 de agosto de 2020 nuestra opinión, sobre la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), radicada en el ministerio de Economía, pues sabíamos que el rol que tenía era apoyar, mediante inverosímiles interpretaciones legales, a inversionistas que sus iniciativas no cumplían con la totalidad de los marcos regulatorios aplicables. Los gestores de esa oficina creada por decreto se esforzaban para destrabar los proyectos en las instancias sectoriales, básicamente en el obediente Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Afortunadamente el reciente 25 de noviembre el Senado rechazó la indicación ingresada por el gobierno para reintegrar $ 665 millones como presupuesto para tal oficina de lobbystas, creada por decreto, lo que sucedió inmediatamente después que la Cámara de Diputados les hubo asignado la suma de escuálidos $ 1.000, un poco más de un dólar.

A continuación, y siguiendo con este tipo de maniobras non sanctas, en el primer gobierno de Piñera se crea también por decreto, el llamado Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU). Según se lee en el artículo 2° del decreto 78, publicado en el Diario Oficial del 04-03-2014, el Consejo tendrá por función “servir de instancia consultiva y asesora del presidente de la República para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano”, es decir, asesora directamente al presidente de la República.

El mismo artículo dice que estará integrado por:
a) Un representante del presidente de la República, que se desempeñará como presidente del mismo;
b) Un Consejero designado por el presidente de la República, que será el Secretario Ejecutivo del Consejo y actuará como Ministro de Fe;
c) El Ministro de Vivienda y Urbanismo o quien lo represente;
d) El Ministro de Obras Públicas o quien lo represente;
e) El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones o quien lo represente;
f) El Ministro de Economía, Fomento y Turismo o quien lo represente;
g) El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo o quien lo represente;
h) El Presidente del Colegio de Arquitectos o quien lo represente;
i) El Presidente del Colegio de Ingenieros o quien lo represente;
j) El Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción o quien lo represente;
k) El Presidente de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte o quien lo represente;
l) El Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales o quien lo represente;
m) Dos representantes de las Asociaciones de Municipalidades;
n) Dos decanos de facultades universitarias de arquitectura y urbanismo, designados por el presidente de la República o quienes los representen;
o) Cuatro profesionales o expertos de reconocida experiencia y conocimiento en materias relacionadas con el desarrollo urbano y territorial, designados por el presidente de la República;
p) Dos ex Ministros de Estado, designados por el presidente de la República;
q) Dos representantes de organizaciones ciudadanas, designados por el presidente de la República;
r) El Presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados;
s) El Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado.
t) El Ministro de Bienes Nacionales o quien lo represente.
u) El Presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile A.G. (AOA) o quien lo represente.
v) El Presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios A.G. (ADI) o quien lo represente.
w) El Presidente de la Corporación para el Desarrollo de Políticas de Infraestructura (CPI) o quien lo represente.
x) El ex presidente del Consejo de Desarrollo Urbano, que haya dejado el cargo en el período inmediatamente anterior.

Como se ve, sólo hay tan sólo dos representantes de Organizaciones Ciudadanas, designados además por el mismo presidente de la República, frente a un sinnúmero de representantes de gremios del sector inmobiliario o de la industria de la construcción, lo que plantea la interrogante si de verdad velarán por el interés ciudadano o, ¿por otros intereses?

Así tenemos a la Cámara Chilena de la Construcción, a los Desarrolladores Inmobiliarios, a la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile A.G. (que agrupa solo a las grandes oficinas de arquitectos), al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros, y a la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte. En total: 6 representantes de gremios.

Algunas de estas organizaciones participan en los grupos de trabajo con más de un represente, logrando con eso tener mayor influencia en los asuntos que se plantean en los plenarios del CNDU. Habitualmente es la Cámara Chilena de la Construcción la que mayor presencia tiene en el trabajo cotidiano del CNDU.

Además, 18 de los 31 consejeros son designados por el Presidente, dentro de los que se encuentran 5 Ministros, 2 ex Ministros, 1 Subsecretario, 2 decanos y 4 profesionales o expertos de reconocida experiencia y conocimiento en materias relacionadas con el desarrollo urbano y territorial, designados por el Presidente de la República, pero no se sabe quién determina si realmente son expertos en esos temas o, si tienen méritos objetivos para ser calificados como tales o si responden a intereses particulares. Claramente, los ciudadanos no están representados en este CNDU que debe orientar al presidente en la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, cuyo objetivo final es mejorar la calidad de vida de todos los chilenos.

Además, ocurre algo muy interesante. En el CNDU del Gobierno de la presidenta Bachelet, aparecía el ya conocido José Ramón Ugarte (denunciado por CIPER Chile en el año 2014), representando a la arquitecta Antonia Lehmann.

¿Cómo es posible que en este tipo de organismos se acepte que haya reemplazantes para los consejeros, entonces quién toma las decisiones?
Pero eso no es todo, el mismo arquitecto José Ramón Ugarte participa ahora activamente como........

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