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Bien Orrego, ahora a exigir el apego a la ley

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14.06.2021

Desde octubre de 2019, veintiún meses atrás, este columnista y otras personas naturales preocupadas por el medio ambiente y, digámoslo con claridad, hemos exigido a todas las autoridades competentes en la materia que se desempeñan en la Administración del Estado, el respeto de la legislación vigente fijada en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y en el instrumento normativo intercomunal denominado Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), pues teníamos conocimiento que cuatro inversionistas, ligados al poder político, estaban interviniendo amplios territorios en las comunas de Lo Barnechea y Colina, definidos como áreas de preservación ecológica en el artículo 8.3.1.1 de ese PRMS, que las ubica en las zonas rurales excluidas al desarrollo urbano, las que, por lo demás, cuentan con protección oficial del Estado.

Las denuncias se han formulado ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Contraloría General de la República, secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo>, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Corporación Nacional Forestal (Conaf), Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y otras tantas agencias públicas. Algunos hemos publicado unas cuantas columnas de opinión en medios de prensa que combaten la corrupción. Como un hecho gracioso, entre el Seremi de Vivienda y Urbanismo y el SEA de esta región, han intercambiado “sesudos” oficios, en los cuales ambas instancias concluyen en las áreas de preservación ecológica son solo áreas de transición (sic).

Sobre este asunto, recientemente SMA formuló cargos al Club de Golf Santa Martina, la que le vendió a uno de esos cuatro inversionistas, aquel que ejecuta el proyecto inmobiliario Chaguay en Lo Barnechea, un territorio de 563 hectáreas definido como área verde de reserva natural a perpetuidad en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que obtuvo ese Club de Golf el 31 de octubre de 2001 para........

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