Convulsionado internamente por el incremento de la violencia y debilitado internacionalmente por la crisis que desató contra México, Ecuador convoca a las urnas el próximo 21 de abril.
Más de 13 millones de electores deberán posicionarse el tercer domingo de abril sobre once puntos, seis de los cuales corresponden a una consulta popular y cinco a un referéndum. Estos últimos pueden provocar cambios o enmiendas en la constitución de ese país sudamericano.
Los temas a decidir se refieren, esencialmente, a cuestiones de seguridad, como la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de Policía Nacional; nueva legislación con respecto a las armas; duración de las condenas (especialmente ligadas a procesos jurídicos por terrorismo o narcotráfico) y expropiación por parte del Estado de bienes de origen ilícito, entre otras. Un punto propone la flexibilización del Código de Trabajo, introduciendo el valor contractual del "trabajo por horas". Y otro, entremezclado en esa maraña de postulados diversos, pero de particular importancia, se refiere al sistema para dirimir los conflictos con empresas extranjeras: "¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?". Pregunta nada banal en una nación en la mira de las multinacionales, principalmente las petroleras y las de recursos naturales.
El arbitraje internacional, un mecanismo concebido por y para inversores extranjeros, les brinda una vía judicial internacional, paralela y privilegiada, sin obligación de pasar por la justicia nacional. Uno de los pilares del actual sistema de resolución de controversias inversor-Estado, se trata de un mecanismo esencial de muchos de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y Tratados de Libre Comercio (TLC) existentes.
La soberanía en juego
Si el próximo 21 de abril el electorado aceptara este nuevo postulado sobre el rol del arbitraje internacional, las consecuencias podrían ser nefastas para la economía nacional porque se estaría modificando el artículo 422 de la Constitución de 2008. El mismo establece que "No se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas".
La investigadora y politicóloga alemana Bettina Müller, asociada con el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, y con una larga experiencia en América Latina, explica que la Constitución ecuatoriana prohíbe ceder soberanía a instancias arbitrales internacionales en caso de disputas con entes privados........