Libre de sanciones |
La reciente exclusión de la Presidenta Encargada de la República, Delcy Rodríguez, de la lista de nacionales sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, no debe leerse como un simple gesto administrativo. Estamos ante el reconocimiento tácito (aunque tardío) de la inoperancia y la ilegalidad de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) como herramienta de tutelaje político.
Como ha señalado la mandataria, este hecho constituye un paso hacia la normalización. Sin embargo, este evento abre un debate profundo sobre la necesidad perentoria de desmantelar, de forma total y definitiva, el andamiaje de agresión financiera que aún pesa sobre la nación venezolana.
La única instancia legítima para imponer medidas de fuerza o restricciones económicas es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo que la OFAC ejecuta son agresiones unilaterales que vulneran el principio de no injerencia y la igualdad soberana de los Estados, pilares de la Carta de la ONU.
La salida de la Presidenta Rodríguez de la lista SDN (Specially Designated Nationals) evidencia que la arquitectura de presión construida desde 2018 carece de sustento jurídico real y responde solo a intereses de coyuntura política en Washington. Si el Departamento del Tesoro puede suprimir estas entradas con una notificación oficial, queda demostrado que la "justicia" estadounidense en materia de política exterior es discrecional.
La valoración positiva que hace la Presidenta Encargada sobre la decisión de Donald Trump marca una hoja de ruta clara: la diplomacia de paz. No es suficiente con retirar nombres de una lista y liberar licencias de manera gradual, deberíamos estar 100% libre de sanciones.
Para que exista una "prosperidad para todos", como insta la mandataria, el Estado venezolano debe recuperar plenamente la capacidad de administrar soberanamente sus recursos y el flujo financiero derivado de la venta de hidrocarburos y minerales.
El camino hacia la normalización es inviable mientras persista el bloqueo sobre PDVSA y el Banco Central de Venezuela. La exclusión individual de funcionarios es un avance en la distensión, pero la soberanía nacional no es una cuestión de nombres, sino de facultades estatales.
La consigna es clara: el horizonte es una Venezuela libre de sanciones, donde la cooperación binacional se dé entre iguales y donde el patrimonio de la República sea gestionado exclusivamente por El Estado venezolano.
La construcción de la prosperidad solo será plena cuando el último vestigio de la agresión de la OFAC sea borrado, permitiendo que la República Bolivariana ejerza su derecho inalienable al desarrollo y a la paz.