La política se revela en sus gestos menores. Desde luego, también se expresa en discursos, leyes, tratados y en todos aquellos dispositivos formales que suelen identificarse con el ejercicio del poder. Pero reducirla únicamente a esos registros visibles implica ignorar una dimensión igualmente reveladora: aquella en la que el poder se filtra en símbolos, rituales, silencios, frases dichas al pasar, objetos exhibidos sin pudor, arquitecturas cuidadosamente diseñadas y gestos aparentemente triviales de la vida pública. Una chaqueta, un reloj, una escenografía oficial, una frase improvisada o una fotografía pueden comunicar con mayor honestidad la naturaleza de un régimen que muchos de sus documentos oficiales. Esas que podrían llamarse microescenas: fragmentos de una realidad que, observados aisladamente, parecen anecdóticos, pero que leídos en conjunto permiten ver las jerarquías, los valores y las formas de dominación que el poder intenta ocultar o que, como en la Venezuela actual, ya ni siquiera considera necesario disimular.

Hay regímenes que mienten porque temen que la verdad los destruya. Hay otros que mienten sin ese miedo, casi con placer, porque saben que la mentira ya no necesita ser creída para ser eficaz: basta con que sea pronunciada desde el poder. Venezuela, en este primero de mayo de 2026 bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, ha cruzado esa frontera. La entrega de la renta petrolera al capital transnacional se celebra como cooperación; el simulacro de aumento salarial se anuncia como un logro histórico; la reforma de la ley laboral se anuncia como un tecnicismo y como una necesidad en favor de los trabajadores; el reinicio de los vuelos de una aerolínea norteamericana en ruta Miami-Maiquetía se monta como fiesta patriótica, y el continuo agradecimiento de Rodríguez a Trump por cada medida que se toma en los EEUU referidas a Venezuela, evidencian que el régimen ha dejado de fingir que cree en lo que dice.

Las microescenas que articulan este análisis ocurrieron en el mismo período: los días que rodearon al Día Internacional del Trabajador de 2026. Fueron seleccionadas no por espectaculares sino por coherentes. Cada una habla de lo mismo: un poder que abandonó toda pretensión de justificación moral o de aspiración de legitimidad, que gobierna con el descaro de quien sabe que no tiene que rendir cuentas a nadie, incluyendo a la propia militancia de las organizaciones políticas que lo apoyan, y que entregó el país y ahora administra los restos con una mezcla de arrogancia y negligencia que ya ni siquiera se cuida en disimular.

Microescena 1: La estafa del aumento salarial

El pasado 30 de abril de 2026, un día antes del Día Internacional del Trabajador, Delcy Rodríguez anunció -en cadena nacional acompañada del ministro de Finanzas y otros altos funcionarios- lo que posteriormente sus voceros llamaron un "aumento histórico" del Ingreso Mínimo Integral (IMI) a 240 dólares mensuales. La cifra sonó interesante. El problema es que lo que se aumentó no fue el salario. El salario mínimo, cuyo monto debería fijarse por ley conforme a la Constitución, y que según ésta, debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia) permaneció anclado en 130 bolívares, monto fijado desde marzo de 2022. Al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) del 30 de abril de 2026, esos 130 bolívares equivalen a 27 centavos de dólar al mes. Obviamente, ese número no se mencionó en el discurso.

El denominado "Ingreso Mínimo Integral" constituye un mecanismo de compensación no salarial cuya arquitectura jurídica desnaturaliza de facto el mandato constitucional en materia de salarios. Su diseño permite al Ejecutivo reclamar el mérito del titular "240 dólares" sin asumir las consecuencias jurídicas de un verdadero aumento salarial: los bonos no impactan en prestaciones sociales, utilidades, vacaciones, antigüedad ni jubilaciones. Desde 2023, el propio concepto de sueldos y salarios fue borrado del léxico oficial.

El gobierno, junto con algunos empresarios y analistas, presentó el incremento como un acuerdo consensuado en una mesa tripartita. Sin embargo, importantes voces sindicales independientes lo rechazaron de forma contundente, denunciando que se trató de una medida unilateral. Además, la liquidación de los bonos se realiza a una tasa de cambio inferior a la del propio BCV, lo que erosiona aún más el valor real del ingreso antes de que llegue al bolsillo del trabajador.

Pablo Zambrano (coordinador de la Red Sindical y dirigente del sector salud) lo calificó como "una acción unilateral, como siempre hace el gobierno", y sentenció: "Yo no he firmado nada, me enteré como todos. Ningún dirigente firmó nada". Organizaciones como la Coalición Sindical Nacional, a través de dirigentes como José Patines y Carlos Salazar, denunciaron que personas que "usurpan la voz de los gremios" firmaron los acuerdos y que ellos no se sienten representados.

La organización de derechos humanos Provea, en su pronunciamiento del 1 de mayo, señaló que el gobierno "no especificó qué monto corresponde a salario real y cuánto corresponde a bonificación del ingreso", profundizando la política de opacidad remunerativa que mantiene desde 2022. Esa falta de desagregación permite al Ejecutivo reclamar el mérito del titular "240 dólares" sin asumir las consecuencias jurídicas laborales de un verdadero aumento salarial.

Esta crítica se sumó a las movilizaciones del 1 de mayo bajo la consigna "bono no es salario", en las que los trabajadores exigieron un salario real acorde al costo de la vida. Los 240 dólares no cubren ni la mitad de la Canasta Alimentaria Básica de una familia venezolana de cinco personas, que según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM) se ubicó en 692,32 dólares en marzo de 2026. Para los pensionados, la situación es aún más grave: el gobierno les asignó 70 dólares mensuales (menos de 2,40 dólares por día) en un país con una inflación anualizada del 611,95%, según cifras del BCV de Venezuela al cierre de abril de 2026.

Tan obvia como es, la contradicción es difícil de ignorar. El mismo gobierno que, mediante la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 29 de enero, propicia condiciones inigualables al capital transnacional -incluyendo una regalía petrolera como variable discrecional que puede ser fijada por el ejecutivo entre 0 y 30%, cuando el estándar histórico venezolano había sido fijado en 30%- le explica a los maestros, enfermeras y jubilados que el Estado no puede pagarles un salario digno. Delcy Rodríguez aseguró que el aumento respondía a los ingresos petroleros generados por los acuerdos con Estados Unidos. Admitió, en otras palabras, que la renta existe, que llega, y que con esa renta subieron los bonos cincuenta dólares. Cuánto de esa misma renta fue a los contratos con Chevron, Repsol, ENI, Shell, British Petroleum, o cualquier otra empresa transnacional es algo que Rodríguez no explicó. Al respecto, el secretismo es absoluto y el amparo es la Ley Antibloqueo y la propia Ley Orgánica de Hidrocarburos reformada.

Diosdado Cabello completó el cuadro con la lógica de cualquier ministro aplicando un ajuste estructural: "¿Qué es un incremento de sueldo responsable en una situación como la que está viviendo Venezuela? Porque eso es muy fácil: pararse y decir: 'auméntenme el sueldo a 1.000 dólares'. Buen discurso. ¿De dónde saco la plata para sustentarlo?", y concluyó: "Aumento de sueldo responsable es que no tengamos que imprimir dinero inorgánico y que se haga con recursos asegurados, recursos reales". El hombre que durante veinte años acusó al FMI de instrumento del colonialismo habla ahora exactamente como un funcionario del Fondo Monetario Internacional.

En resumen, la expectativa levantada desde mediados de abril -cuando la presidenta encargada había anunciado que el 1 de mayo habría un "incremento responsable" que fue claramente interpretado por todo el mundo como un aumento del salario modesto, pero aumento al fin, y que nadie en el ejecutivo se dignó a aclarar anticipadamente- adquirió la forma de una frustración colectiva con sabor a burla en el tiempo que duró el anuncio del incremento.

El procedimiento no es nuevo. El 1 de mayo de 2022, Nicolás Maduro anunció un bono único de 10.000 bolívares para 120.000 jubilados. Al día siguiente, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez precisó que se pagaría en tres cuotas. El bono nunca se pagó. Ni una sola de las cuotas ofrecidas llegó a manos de los jubilados. El instrumento nunca fue publicado en Gaceta Oficial. Cuatro años después, el mismo personaje, la misma fecha, el mismo procedimiento.

Tampoco conviene pasar por alto que fue la propia Rodríguez, desde el Ministerio de Economía quien en 2022 supervisó el denominado "Instructivo ONAPRE 2892", cuya aplicación destrozó las tablas salariales del sector público y violó de facto los contratos colectivos vigentes. La arquitectura de la precariedad laboral que hoy administra, en buena medida, la construyó ella misma.

Microescena 2: Un 30 de abril, hace 14 años

Para tener un poco de contexto, digamos que la estafa del Ingreso Mínimo no ocurre en el vacío. Tiene fecha, antecedente, tiene nombre propio. Entender la dimensión completa de lo que el gobierno anunció el 30 de abril de 2026 nos remonta catorce años atrás. El 30 de abril de 2012, Hugo Chávez firmaba en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, en cadena nacional y rodeado de obreros, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). Al proceder a firmarla sus palabras fueron: "… dejo en manos del pueblo, de los trabajadores y trabajadoras su cumplimiento como una de esas leyes inexorables a las que se refería el padre Bolívar."

La LOTTT, con todos sus límites, ha sido el instrumento laboral más avanzado, en el plano normativo, de la historia republicana venezolana: redujo la jornada a 40 horas semanales, estableció dos días continuos de descanso, blindó la estabilidad laboral, garantizó el cálculo de prestaciones desde el primer día, amplió el permiso postnatal a veinte semanas, eliminó la tercerización y estableció inamovilidad para madres y padres.

Catorce años después, en esa misma fecha simbólica, el ministro del Trabajo Carlos Alexis Castillo deslizó en una entrevista a la televisión estatal que dicha ley se encuentra en proceso de evaluación para una eventual reforma, por parte de una mesa tripartita. Lo dijo con el lenguaje de la tecnocracia: "Lo estamos discutiendo. Eso tiene que salir de parte de la mesa, del consenso de todos. Estamos discutiendo todas las variables, estamos sacando todas las cuentas responsablemente."

Aunque los llamados a reformar la ley vienen prácticamente desde su promulgación en 2012, esta vez la iniciativa luce........

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