Electricidad, poder, activos y la responsabilidad histórica del Estado venezolano

Introducción. Cuando la oscuridad deja de ser un accidente y se convierte en una forma de gobierno

Hay momentos en la historia de una nación en los cuales un problema deja de ser simplemente técnico para convertirse en una cuestión moral, política, económica y humana. El colapso del servicio eléctrico venezolano pertenece a esa categoría.

Un apagón no es únicamente una interrupción de la corriente. Es un hospital que pierde capacidad de atención, una familia que no puede conservar sus alimentos, un trabajador que deja de producir, un estudiante que no puede estudiar, una empresa que detiene sus operaciones, un comercio que pierde mercancías, un ciudadano que permanece durante horas sin agua porque las bombas dejaron de funcionar. Es, en definitiva, la suspensión temporal de una parte esencial de la vida social.

Por eso resulta insuficiente explicar la actual crisis eléctrica venezolana únicamente mediante la sequía, el fenómeno de El Niño, las fallas técnicas, el crecimiento de la demanda, el sabotaje o las sanciones internacionales.

Todos esos elementos pueden formar parte de una explicación compleja. Pero ninguno puede convertirse en coartada para ocultar la responsabilidad de quienes administran el Estado.

En septiembre de 2026, Venezuela atraviesa una nueva intensificación de los apagones. Reportes recientes señalan racionamientos superiores a doce horas diarias en algunas zonas y protestas ciudadanas en distintos estados. Reuters, por su parte, reportó que el sistema opera con un déficit superior a 1.500 megavatios y que solamente alrededor del 40 % de una capacidad instalada estimada en 32.800 MW se encuentra operativa.

Ese dato debería bastar para comprender la magnitud de la tragedia. Y, sin embargo, el ciudadano venezolano continúa escuchando promesas. Se anuncian megavatios. Se anuncian inversiones. Se anuncian acuerdos. Se anuncian recuperaciones. Se anuncian cronogramas. Pero mientras se anuncian soluciones, la oscuridad continúa entrando por las ventanas de millones de hogares. Ese contraste entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana del ciudadano constituye uno de los problemas políticos más graves de la Venezuela contemporánea.

La electricidad no puede administrarse mediante propaganda

La energía eléctrica no admite retórica. Una central hidroeléctrica no genera megavatios porque un funcionario pronuncie un discurso. Una turbina no recupera su capacidad porque una institución anuncie un plan. Una línea de transmisión no se reconstruye mediante consignas. Un transformador no se fabrica con declaraciones oficiales.

La electricidad requiere ingeniería, mantenimiento, inversión, planificación, combustible, repuestos, personal especializado, sistemas de protección, transmisión, distribución y, sobre todo, continuidad institucional.

La propia investigación académica sobre el colapso del sector eléctrico venezolano ha identificado causas estructurales que exceden ampliamente cualquier explicación coyuntural. Un estudio publicado en Energy Policy concluyó que las decisiones políticas han tenido una influencia excesiva sobre las decisiones económicas del sector y señaló la necesidad de mejorar la gobernanza, la transparencia y la participación. Esto es fundamental.

Porque cuando un sistema eléctrico llega al punto en que la generación disponible no alcanza para cubrir la demanda, ya no estamos ante una simple avería. Estamos ante el resultado acumulado de años de decisiones. Decisiones de inversión. Decisiones de mantenimiento. Decisiones presupuestarias. Decisiones administrativas. Decisiones sobre prioridades. Decisiones sobre contratación. Decisiones sobre transparencia. Y decisiones sobre quién responde cuando el sistema deja de funcionar. La ingeniería puede explicar por qué se cae una turbina. Pero la ingeniería no puede explicar por sí sola por qué durante años no se reemplazaron los componentes necesarios para impedir que esa turbina llegara al límite de su vida útil. Ahí comienza la política pública.

La desfachatez de gobernar desde la explicación permanente

Una de las cosas más dolorosas para una sociedad no es solamente sufrir una crisis. Es observar cómo quienes tienen la obligación de resolverla desarrollan una extraordinaria capacidad para explicarla. La explicación termina sustituyendo a la solución. Durante años, el ciudadano venezolano ha escuchado hablar de sabotaje, conspiraciones, sanciones, sequías, ataques, falta de recursos, problemas heredados y dificultades técnicas. Algunas de esas circunstancias pueden ser reales y verificables.

Las sanciones estadounidenses, por ejemplo, forman parte de la historia económica venezolana y han complicado determinadas operaciones de financiamiento y acceso a bienes. La Administración de Información Energética de Estados Unidos ha señalado simultáneamente el peso de las sanciones, la crisis económica, la falta de inversión y mantenimiento y problemas de gestión gubernamental en el deterioro del sector energético venezolano. Pero precisamente por eso resulta intelectualmente deshonesto convertir una causa en explicación total. Un gobierno responsable no pregunta únicamente quién tiene la culpa. Pregunta qué puede hacer hoy. Qué puede reparar. Qué puede transparentar. Qué puede priorizar. Qué puede negociar. Qué puede modificar. Y cuánto costará.

El ciudadano no necesita un gobierno experto en excusas. Necesita electricidad. Necesita agua. Necesita hospitales funcionando. Necesita escuelas abiertas. Necesita producción. Necesita refrigeración. Necesita transporte. Necesita seguridad. Necesita una economía que no se paralice cada vez que la red eléctrica decide hacerlo.

El problema no comenzó ayer, pero tampoco puede gobernarse mirando eternamente hacia atrás

Es necesario reconocer una verdad incómoda. La crisis eléctrica venezolana no nació en un solo gobierno ni puede atribuirse exclusivamente a una administración. La degradación del sistema tiene una trayectoria histórica compleja. Pero reconocer la responsabilidad acumulada no significa distribuirla de manera abstracta hasta que desaparezca. Quien gobierna hoy gobierna hoy. Y quien administra hoy debe responder por lo que ocurre hoy. La responsabilidad histórica no elimina la responsabilidad presente.

El sistema eléctrico venezolano llegó a 2026 después de años de deterioro. Investigaciones académicas han documentado la magnitud de la caída de la generación eléctrica. Un estudio publicado en The Electricity Journal señala que para 2020 la producción eléctrica había caído 43 % respecto del máximo registrado en 2013. Eso significa que la emergencia actual no apareció espontáneamente. Pero tampoco puede utilizarse ese pasado para justificar indefinidamente el presente. El Estado no puede decirle al ciudadano: "Este problema viene de antes". La respuesta ciudadana legítima es inmediata: "Entonces, ¿qué hicieron ustedes durante el tiempo que tuvieron para resolverlo?"

La voz de los expertos: el sistema está llegando al límite

La gravedad de la situación no es una interpretación literaria. Ingenieros y especialistas vienen advirtiéndola. El ingeniero electricista Miguel Lara describió recientemente el sistema eléctrico venezolano como "al límite y desbordado" y advirtió que los racionamientos pueden continuar debido a las limitaciones estructurales de la infraestructura. El ingeniero Julio Molina, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, ha señalado que uno de los factores recientes de presión sobre el sistema ha sido el traslado de cargas energéticas asociadas a la industria petrolera hacia la red nacional. Estos planteamientos deberían producir una reacción institucional inmediata. No necesariamente una reacción propagandística. Una reacción técnica. Una comisión nacional de emergencia. Una auditoría........

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