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Los alcances de la sentencia 247 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

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06.08.2019

En artículos anteriores, expresamos lo que a nuestro juicio, tenía que ver con los alcances de la sentencia N° 248 de fecha 26 de julio del presente año, referida a la invalidación del acuerdo parlamentario que pretende el reingreso de Venezuela al TIAR.

Pero como ahora se trata del asalto de los activos y bienes que posee la República en el exterior, resulta harto peligroso la pretensión de la AN de la designación de una junta ad hoc para la supuesta designación de autoridades de nuestro ente emisor, en este caso me refiero al Banco Central de Venezuela (BCV).

Por ello, y como lo expresamos cuando me referí a la sentencia anterior, ahora hay que hacer algunas consideraciones respecto a la sentencia 247 de la misma Sala Constitucional, de fecha 25 de julio de 2019, y cuyo ponente fue también el magistrado- presidente de dicha instancia, Juan José Mendoza Jovert, en respuesta a sendos recursos de nulidad interpuestos por Héctor Rodríguez Castro, abogado, actual gobernador del estado bolivariano de Miranda, y miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Como precedente a esta decisión, la Sala Constitucional como máxima intérprete de la Carta Magna, señalo que mediante sentencia N° 6 de fecha 08 de febrero de 2019, estableció lo siguiente:

(…) 1.- LA NULIDAD ABSOLUTA y CARENCIA DE EFECTOS JURÍDICOS del "ESTATUTO QUE RIGE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA PARA RESTABLECER LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA" de fecha 05 de febrero de 2019, dictado por la Asamblea Nacional por colidir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los términos expresados supra. (Resaltado de la referida sentencia)

2.- El ASALTO AL ESTADO DE DERECHO Y A TODOS LOS PODERES PÚBLICOS por parte de la Asamblea Nacional, órgano que se encuentra en desacato y cuyos actos son absolutamente nulos. (Resaltado de la referida sentencia).

3.- SE EXHORTA al Ministerio Público para que investigue penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos contemplados en la Constitución y en la ley. (Resaltado de la referida sentencia)

4.- ORDENA la notificación a la Asamblea Nacional Constituyente, para su consideración y toma de decisiones pertinentes, del pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contenido en la presente sentencia. (Resaltado de la referida decisión)

5.- RATIFICA que cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo........

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