Una estrategia alternativa contra la corrupción y por la ética pública |
La corrupción es un problema estructural que agobia a la sociedad colombiana; las recientes encuestas de opinión colocan este problema como una prioridad a resolver.
Se trata de un mal que, con hipocresía, han intentado minimizar las roscas oligárquicas pese al daño devastador que le ha causado a Colombia. Algunos líderes hablan de la gran corrupción, de esa criminalidad extendida que coloniza instituciones, desangra presupuestos, destruye la confianza de la ciudadanía y nos arrebata el futuro. No es un caso aislado ni una manzana podrida, es un sistema que hay que desmantelar con decisión y con coraje[1]
En el sistema político colombiano, en el Estado y el gobierno (con sus múltiples instituciones) es un proceso complejo con diversas ramificaciones y manifestaciones a lo largo de la historia colombiana y en su funcionamiento estructural. El presente análisis se propone abordar las dimensiones y los alcances de tal patología política y sus efectos sobre la eficiencia, la eficacia y la transparencia en la inversión del Estado. Con este recorrido analítico, abordaremos las implicaciones éticas y criminales de tal fenómeno y los retos que plantea a las instituciones y a la sociedad.
Diagnóstico del fenómeno de la corrupción.
En Colombia, desde el siglo XIX, casi todas las guerras civiles, más que fines políticos persiguieron intereses burocráticos. Sin embargo, al final el botín estaba en las rentas públicas, tan necesarias para premiar a sus partidarios con pensiones, bienes y cargos oficiales. Los partidos luchaban para ganar la administración pública con el propósito de feriar los puestos entre sus amigos, primos, sobrinos, tíos, parientes, cuñados y seguidores. Esta costumbre se ha extendido hasta nuestros días. Solo la participación ciudadana ha contribuido a agrietar la voracidad histórica de quienes siguen considerando los recursos del Estado como una caja particular de intereses privados y destinada a despilfarrar con la avaricia de los suyos[2].
De manera más reciente, con ocasión del caso de la exparlamentaria Yidis Medina, se señaló que la corrupción en el ejercicio de la función pública, en cuyo ámbito el cohecho ocupa un lugar destacado, constituye uno de los problemas más serios que deben enfrentar las democracias modernas dada su capacidad desestabilizadora tan grave como el terrorismo, el narcotráfico o la pobreza, razón que ha generado un significativo interés en la comunidad internacional y conducido a la creación de diferentes instancias para contrarrestar sus efectos destructivos, situación que no ha sido ajena a las preocupaciones del legislador colombiano de otras épocas[3].
En Colombia hemos pasado de la corrupción a la gran corrupción; por eso lo primero es definir con claridad de qué estamos hablando. El término «corrupción» ya no basta para describir lo ocurrido en el Estado y en la sociedad durante las últimas décadas. De actos individuales, episódicos y relativamente simples —que involucraban a unos cuantos agentes del Estado y a algunos particulares en delitos como el soborno—, se ha pasado a la macro corrupción: la descomposición generalizada de instituciones y poderes públicos, y operaciones complejas de estructuras que despliegan actividades concertadas en las que participan un gran número de personas.
En esos conciertos para delinquir actúan múltiples actores de distinta naturaleza: legales (empresarios, políticos), aparentemente legales pero aliados con la ilegalidad, ilegales (mafias, grupos armados).
En años recientes se han visto operaciones de gran escala para capturar e, incluso, reconfigurar el Estado. Por ejemplo, la parapolítica impulsada por el uribismo fue la más significativa de esas expresiones, y llegó a incluir la toma de una porción significativa del Congreso de la República.
Hoy, cada año, se saquean billones de pesos del erario; institutos y dependencias estatales se convierten en cuotas clientelares y burocráticas de mafias políticas; la contratación pública se asigna mediante gigantescos sobornos y licitaciones amañadas; la adquisición de suministros en dependencias estatales se ha convertido en fuente de lucro para algunos funcionarios; muchos trámites de la administración pública exigen el pago de «comisiones»; los congresistas se han convertido en tramitadores de prebendas y contratos; en las elecciones se presentan fraudes periódicos que distorsionan los resultados definitivos; los puertos y las aduanas son fortines politiqueros para negociar el contrabando con grupos armados y mafias.
Ese entramado delictivo alcanza incluso los gastos esenciales para la vida de los colombianos: los recursos de la salud, los fondos para la paz, el dinero destinado a la reparación de las víctimas y los recursos para atender a comunidades afectadas por desastres naturales, que los «Olmedos» de turno no vacilan en saquear.
Se trata de verdaderos aparatos que operan en red para acumular capital, afectan todas las ramas del poder público y configuran la administración en todos los niveles del Estado.
Ninguna instancia está a salvo, e incluso dependencias del poder judicial y los órganos de control han sido puestos al servicio de las redes criminales.
Casos recientes de corrupción........