La reforma agraria es tal vez uno de los principales compromisos del gobierno del presidente Gustavo Petro, para de esa manera dar solución a uno de los más graves problemas sociales del país con grave daño en millones de campesinos que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social.
La concentración de la propiedad agraria es uno de los factores generadores de violencia porque implica que los grandes propietarios del campo utilizan sistemas arbitrarios en su relación con los campesinos y trabajadores rurales. Los grandes hacendados, latifundistas y terratenientes, mediante la organización de grupos paramilitares, han consolidado su control de las mejores tierras mediante un despojo sistemático que acumula muchas décadas.
El Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc firmado en el segundo semestre del 2016 consensuo un paquete de cambios agrarios que se nombró como Reforma Rural Integral para entregar 3 millones de hectáreas a los campesinos y legalizar 7 millones de hectáreas.
Transcurridos 8 años de tal pacto agrario los resultados son un completo fracaso en el proceso de implementación de los consensos alcanzados en el Teatro Colon para erradicar la violencia y consolidar la convivencia en el campo.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha retomado esta estrategia de entrega de tierras a los campesinos para lo cual ha determinado varias rutas de acceso como la compra de tierras, la adjudicación por la SAE de tierras incautadas a las mafias de la droga y la entrega de las propiedades que administra la Unidad para la reparación de las víctimas.
No obstante, los grandes esfuerzos y el compromiso de la señora Ministra de Agricultura y de las instituciones del sector agropecuario, aún se presentan muchas dificultades y obstáculos.
Para el caso concreto de la SAE que es una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda que administra, gestiona y democratiza activos provenientes de actividades ilícitas; buscando la creación de valor público, social y ambiental para el tránsito de las economías rentistas y economías ilícitas a un sistema económico productivo, distributivo y participativo que sea sostenible e integral y aporte a la Paz Total del territorio colombiano, los resultados no son tan plausibles como consecuencia del clientelismo, la corrupción y el descarado tráfico de........