Todo indica que "seguridad", "corrupción", "ajuste fiscal" y "guerra cultural anti woke", son los tres significantes vacíos que dan sustento a la gestión institucional del gobierno de Abelardo y a su anclaje entre la ciudadanía en estos 70 días de la nueva administración.

El problema de la corrupción con los recursos del Estado es muy grave pues, al año se pierden más de 60 billones de pesos de los dineros de Regalías, de Invias, del Ministerio del Interior, del Fondo de Adaptación, de la Unidad de Riesgos, del Sistema General de Participación, de Bienestar Familiar, de Prosperidad Social, del Dapre, etc. Son dineros que van a parar a las cuentas y los bolsillos de los grandes capos de los contrataderos y sus redes mafiosas.

La corrupción continúa siendo uno de los problemas estructurales más graves del Estado colombiano. Su persistencia compromete recursos públicos, debilita la legitimidad institucional, deteriora la confianza ciudadana y afecta la capacidad estatal para garantizar los derechos de la población.

Al día de hoy tenemos una importante infraestructura institucional adoptada y organizada para combatir la corrupción, pero la capacidad de las mafias para adaptarse es asombrosa.

Después de los grandes escándalos ocurridos en los últimos 15 años como el de la alcaldía de Samuel Moreno en la construcción del Transmilenio de la Calle 26; del caso de Odebrecht; de Reficar; de Foncolpuertos; del de Centros Poblados (Tapias) y los más recientes (UGRD, Ecopetrol, Alcaldía de Quintero en Medellin), ha cobrado trascendencia la Auditoria forense como herramienta de lucha contra la corrupción de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1600 del 27 de diciembre que ha tenido muchas dificultades para su implementación porque las Oficinas de Control Interno y de Planeación de todas las entidades estatales se encargan de impedir su implementación con distintas argucias.

Sin embargo, más allá de los anuncios gubernamentales en curso, el desafío consiste en identificar, investigar y desarticular las redes políticas, empresariales y criminales que se apropian del patrimonio colectivo.

Los escándalos mencionados no son hechos aislados. Revelan mecanismos complejos de intermediación política, contratación fraudulenta y desviación de recursos. Aunque se cuenta con organismos de control fiscal, disciplinario y penal, estas redes han demostrado capacidad para adaptarse a los mecanismos de vigilancia.

La Auditoria Forense.

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