Uno de los mecanismos más perversos, empleados por el imperialismo para castigar al Gobierno Bolivariano, sus instituciones y población en general, sin dudas ha sido la aplicación de las mal llamadas sanciones o medidas coercitivas unilaterales, como las define el derecho público internacional. Las mismas, constituyen un castigo colectivo que, en un principio, constituyó una forma engañosa de subvertir el orden constitucional pero que, pasado el tiempo, y entrando nuestra población en conciencia de lo que estaba ocurriendo, sus efectos comenzaron a perder la efectividad buscada por el gobierno de EEUU, valga decir: desestabilizar un gobierno y propiciar la rebelión popular contra el mismo o lo que es lo mismo, su derrocamiento. La República Bolivariana de Venezuela, ha sido objeto de la aplicación de más de 900 sanciones o medidas coercitivas unilaterales desde 2014; constituyendo las mismas, un bloqueo económico severo que afecta el funcionamiento social y económico del país. Incapacitando, la capacidad del Estado Bolivariano para realizar importaciones sensibles de medicamentos, el uso de la banca internacional para operaciones comerciales diversas, y más recientemente, el control efectivo de la República sobre sus activos energéticos y financieros en el extranjero, en el objetivo claro de propiciar el desmantelamiento forzado del modelo político-social, inaugurado con la Constitución Bolivariana de 1999 y el triunfo presidencial de Hugo Chávez Frías inicialmente, y continuado, con traspiés por Nicolás Maduro Moros, un modelo enfocado principalmente en la distribución equitativa del ingreso nacional para mejorar la calidad de vida de la población venezolana y atender sus necesidades básicas. Fue así, que en 2019, la Administración Trump decide sancionar al Banco Central de Venezuela; según la ilógica imperialista, para evitar que «Maduro siga saqueando los activos de Venezuela y explotando las instituciones gubernamentales para enriquecer a personas corruptas vinculadas a ellos», según decía en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Con esta medida, denunciaba el Presidente Maduro, en 2022: «Venezuela, tiene entre 24.000 y 30.000 millones de dólares bloqueados en el exterior por culpa de las sanciones internacionales». Siendo obligado, el Gobierno Bolivariano, a negociar: «con los representantes de los secuestradores. Y hemos logrado firmar, un acuerdo con los representantes de los secuestradores del dinero de Venezuela para repatriar 3 mil millones de dólares para invertirlos en electricidad, en agua, en educación, en salud y en mitigar los daños de las lluvias torrenciales». Acuerdos, que nunca cumplieron. Siendo los representantes de los secuestradores, unos supuestos venezolanos y venezolanas, que se apresuraron por solicitarle al gobierno imperialista de los EEUU, las sanciones o medidas coercitivas unilaterales y que hoy se presentan solicitándole, pero al pueblo venezolano, que les de su voto al funcionario de la CIA, Edmundo García Urrutia, el candidato de EEUU para las presidenciales de julio 2024.
Las mal llamadas sanciones, han afectado –negativamente- la calidad........