No soy abogado, "Dios me salve la parte" - como decíamos los cumaneses de mi tiempo, ante situaciones no deseadas - aunque sí estudié dos años de esa carrera; pero no ser profesional del Derecho y menos constitucionalista, niega el derecho de opinar, hasta con pertinencia, sobre el tema que me ahora me ocupa, más siendo este como demasiado evidente, de enorme interés e inherente al orgullo y necesidad de defender la soberanía nacional y la paz. Y tampoco parece necesario ser "muy letrado", como se solía calificar a los buenos abogados, para opinar de un tema que tiene un enorme peso político y por lo que, no es extraño, pudiera por eso, prevalecer lo impertinente.

Mi opinión no es la de alguien que, de una manera u otra, se sienta comprometido con el presidente Maduro, pues si me piden una evaluación, calificaría, su gestión, pese las sanciones, de muy mala; tanta que, hasta en la escogencia de los funcionarios subalternos se dejó llevar por la "obligación de cumplir con las cuotas de los grupos de partido" y no por el interés de Venezuela y los venezolanos. Y hubo en toda ella, poca disposición a buscar acuerdos con quienes en teoría o de acuerdo a las formalidades de su discurso, pudieran con él coincidir; más bien se procedió con muchos, como si fuesen irreconciliables enemigos por el sólo hecho de discrepar.

Diré para empezar, que el presidente, al margen de lo que cualquiera se le ocurra decir, pues hasta los abogados tuercen las leyes para cumplir "con su deber" de defender lo que les corresponde, según sus deseos, creencias y conveniencias, lo que incluye el particular interés de su defendido, es sujeto de una "ausencia forzada o forzosa". Y también quiero recordar, una frase que, al parecer, para los abogados es sacrosanta, "todo acusado es inocente hasta que no se demuestre lo contrario". Es decir, Trump y sus aliados internos, están obligados, al margen que procedieron ilegal y atrozmente, dejando a cualquier culpable como un inocente niño, con el gesto del 3 de enero, están obligados a aceptar que Maduro, hasta que no haya un sentencia definitiva, para la justicia estadounidense, es inocente.

He leído que, al parecer, el TSJ, ha optado, ante lo que acontece, por lo de la "ausencia temporal" del presidente y prorrogado el derecho de la vicepresidenta de ejercer el cargo por 90 días. Lo ha hecho, en concordancia con el artículo 234 constitucional, según el cual, "Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más".

De manera que Delcy Rodríguez, "por ahora", tiene el derecho de ejercer la presidencia por los próximos 90 días y podría, por decisión de la AN, seguir luego 90 días adicionales.

Entre alguna gente, cada quien verá e identificará, pues ellos no se ocultan, ha prendido la........

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