La visita de Doug Burgum, secretario del Departamento del Interior de Estados Unidos, el pasado 4 de marzo, y la posterior emisión de la Licencia General N.º 51 no son hechos aislados. Constituyen el preámbulo de una operación de mayor envergadura: la reforma legal que busca institucionalizar el control extranjero sobre nuestros recursos minerales. Lo que se ha presentado como un "reconocimiento de facto" por parte de la administración estadounidense es, en realidad, la imposición de un nuevo marco de sumisión, cuyo engranaje central es el proyecto de Ley Orgánica de Minas actualmente en discusión.

La Licencia 51: un acto de subordinación

El encuentro en Miraflores y el envío de una tonelada de oro (valorizada en más de 160 millones de dólares) a Estados Unidos fueron la antesala de una contraprestación lesiva. Dos días después, la Licencia General N.º 51 autorizó lo que antes estaba prohibido, pero lo hizo en términos que vulneran de manera flagrante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta licencia no es una simple habilitación comercial. Es un mecanismo de control que viola:

El artículo 151, que consagra el monopolio de los tribunales venezolanos en la resolución de conflictos, al imponer que cualquier disputa se resuelva en Estados Unidos.

El artículo 151, que consagra el monopolio de los tribunales venezolanos en la resolución de conflictos, al imponer que cualquier disputa se resuelva en Estados Unidos.

Los artículos 311 y 318, que reservan al Banco Central de Venezuela la administración de los recursos provenientes de la explotación minera, al ordenar que los pagos se realicen en "Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero" bajo tutela del Departamento del Tesoro estadounidense.

Los artículos 311 y 318, que reservan al Banco Central de Venezuela la administración de los recursos provenientes de la explotación minera, al ordenar que los pagos se realicen en "Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero" bajo tutela del Departamento del Tesoro estadounidense.

A pesar del carácter claramente lesivo de esta disposición, la cúpula oficialista ha mostrado una actitud celebratoria, y más grave aún: se encuentra modificando la arquitectura jurídica del sector minero para adaptarla a los términos de esta licencia.

Un debate legislativo a ciegas y una aprobación apresurada

La discusión del nuevo proyecto de Ley Orgánica de Minas comenzó el 9 de marzo, sumida en el hermetismo y la desinformación. Diputados denunciaron no haber recibido el texto a tiempo, y a........

© Aporrea