En marzo de 1994, Hugo Chávez salió de prisión vestido de liquiliqui, sonriente, rodeado de cámaras. Había liderado una intentona que se tomó varios cuarteles, secuestró a un gobernador, asaltó el palacio y la residencia oficial presidencial. Rafael Caldera no había calentado aún la silla de Miraflores cuando le firmó el sobreseimiento.

Hoy, tres décadas después, hay militares venezolanos que llevan años pudriéndose en celdas por delitos que jamás cometieron. Su crimen fue dudar en voz alta o, peor aún, ser delatados por compañeros que buscaban congraciarse con el régimen. Ni se rebelaron, ni dispararon, ni se tomaron cuartel alguno.

El jefe de la represión madurista mismo fue beneficiado por este gesto de Caldera que entendió que la reconciliación nacional debía comenzar por el epicentro de la convulsión nacional de entonces, las Fuerzas Armadas. Caldera no exigió arrepentimiento público, ni reconocimiento de culpa, sino simplemente cerró el capítulo judicial de una rebelión que expresaba el malestar de su época, como el propio Caldera lo reconoció en su momento en aquel discurso ante el Congreso que lo terminaría llevando una vez mas a la presidencia de la República.

El precedente de 1994 perdonó lo consumado. ¿Con qué lógica castigamos entonces lo inconcluso, lo supuesto, lo imaginado?

Caldera no necesitó una ley de amnistía: simplemente firmó sobreseimientos, uno tras otro, hasta vaciar las cárceles de los alzados del 4 de febrero y el 27 de noviembre. Más de dos mil militares que habían empuñado armas contra la democracia regresaron a sus vidas sin antecedentes, sin juicio, sin siquiera una disculpa.

Sobre este precedente que pone la reconciliación nacional por encima del castigo, es que se reclama que no olvidemos a los militares presos. Si el perdón y olvido valió entonces para quienes causaron muertos, mas tiene que valer hoy para quienes no causaron ninguno.

Se reconocen 188 presos políticos militares, cuyos nombres he reproducido al final de esta nota. La intención de amnistía que impulsa el "gobierno interino" habla de liberar a perseguidos políticos desde 1999. Menciona a periodistas, estudiantes, activistas, líderes sindicales. Menciona, casi de pasada, a "militares".

En esa omisión hay un riesgo real de que esa alusión sea cosmética. De que la amnistía llegue para los civiles, pero se detenga en las puertas de los cuarteles, condenando al olvido a los uniformados.

Y sin embargo, sus casos son los que más obscenamente contradicen cualquier noción de justicia.

Tomemos la ‘Operación Armagedón’ de 2018. Oficiales de la Armada fueron encarcelados por una supuesta conspiración golpista. El golpe nunca ocurrió. La conspiración nunca se probó. Lo único que existió fueron sospechas, delaciones de terceros, y un sistema judicial dispuesto a condenar primero y preguntar después. Siete de ellos fueron liberados en 2023 tras años de detención arbitraria; otros siguen presos o enfrentan juicio. La CIDH tuvo que otorgar medidas cautelares por las condiciones inhumanas de su encierro. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU exigió su liberación. Las autoridades maduristas lo ignoraron.

O pensemos en Raúl Baduel. General en jefe. Ministro de Defensa. El hombre que salvó a Chávez del golpe de 2002, que lo rescató de sus captores y lo devolvió al poder. Su recompensa fue morir en El Helicoide en 2021, después de doce años de persecución judicial. Los últimos cuatro años los pasó acusado de ‘traición a la patria’, esperando un juicio que nunca llegó. Su delito real: haber dicho públicamente que la revolución se estaba desviando.

Baduel no disparó contra nadie. Baduel no conspiró. Baduel murió en una celda por denunciar la........

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