Oaxaca tendrá consulta de revocación de mandato en 2026, esta es la fecha |
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) emitió la convocatoria para el proceso de revocación de mandato del gobernador del estado, cuya jornada de votación se realizará el 25 de enero de 2026, conforme al acuerdo aprobado por su Consejo General.
La convocatoria fue dada a conocer tras la sesión del órgano electoral local y posteriormente referida por el gobernador Salomón Jara Cruz durante su conferencia de prensa semanal, en la que se informó sobre los alcances y características generales de este ejercicio de participación ciudadana.
De acuerdo con lo establecido, la ciudadanía deberá responder la pregunta incluida en la boleta: “¿Estás de acuerdo que a su servidor se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine su periodo?”, con dos opciones de respuesta definidas por la autoridad electoral.
Para la realización de la consulta, el IEEPCO prevé la instalación de mesas receptoras de votación con funciones similares a las casillas utilizadas en los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, las cuales se distribuirán en las ocho regiones del estado.
El gobernador señaló que este mecanismo fue propuesto al inicio de su administración, en diciembre de 2022, y que se trata de un proceso sin precedente a nivel estatal. La convocatoria está dirigida a todas las personas mayores de 18 años inscritas en la lista nominal de electores en Oaxaca.
En tanto, el consejero jurídico y de Asistencia Legal del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero, precisó que el proceso es de carácter ciudadano y que el IEEPCO aprobó el calendario de organización, así como los lineamientos para la observación ciudadana, las sesiones de cómputos distritales y la documentación electoral.
Cabe recordar que como parte del proceso, hace unos días el Consejo General del IEEPCO validó 518 mil 979 firmas a favor, equivalentes al 86.06 % de las presentadas, cifra que supera el porcentaje mínimo exigido por la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Oaxaca.
Finalmente, la autoridad electoral informó que los apoyos ciudadanos válidos se encuentran distribuidos en 569 de los 570 municipios del estado, cumpliendo con el requisito de dispersión territorial, y que continúan los trabajos de organización, incluida la instalación de Consejos Distritales y la realización de foros informativos sobre este mecanismo de participación ciudadana.
A Víctor Macarov lo fueron a buscar a la salida de su instituto de enseñanza. Tenía 18 años.
A Miguel Schevzov, de la misma edad, se lo llevaron cuando estudiaba en casa de un amigo.
Vladimir Roslik Dubikin, también de 18, estaba en el cine y corrió igual suerte.
Una tras otra, una veintena de personas fueron detenidas entre abril y mayo de 1980 en San Javier, un pequeño pueblo de inmigrantes rusos en el oeste de Uruguay.
Los tomaron por sorpresa, mientras hacían las cosas más cotidianas.
Esteban Gilsov volvía de pescar. Jorge Gurin estaba en su casa con su esposa, Susana Zanoniani. Y Néstor Dubikin, de apenas 16 años, había ido en bicicleta hasta el río: ellos también fueron arrestados por la dictadura militar que había en Uruguay.
Los llevaron a un cuartel. Les pusieron capuchas. Los torturaron de forma salvaje. Y 11 de ellos fueron enviados a una cárcel por meses o años.
Ninguno sabía por qué los sometían a semejante martirio, una pesadilla que volvería cuatro años más tarde con más detenciones arbitrarias y un asesinato que marcó el fin del régimen militar.
Algunos se lo preguntan hasta hoy.
“No entiendo cuál es el motivo que llevó a esa gente a hacer todo eso, porque es una maldad”, dijo Dubikin, ahora con 62 años, como testigo de un juicio en desarrollo contra nueve acusados de cometer esos abusos. “Le destrozaron la vida a un montón de gente”.
El fiscal uruguayo para crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, aseguró que el absurdo se debió a la ascendencia de esas personas.
“A ellos se los privó de la libertad sólo por su condición de rusos, pero no por su actividad política, no porque hayan cometido ningún delito”, dijo Perciballe al inicio del juicio el mes pasado.
El propósito, sostuvo, fue “montar una mentira”.
San Javier descansa sobre el río Uruguay, unos 360 kilómetros al noroeste de Montevideo. Desde sus costas se avistan unos islotes cercanos, ya del lado argentino de la frontera fluvial.
El pueblo tenía cerca de 1.700 habitantes, en su mayoría de ascendencia rusa, cuando los militares irrumpieron en 1980 y comenzaron a arrestar gente, incluidas algunas mujeres.
Casi todos los detenidos fueron trasladados unos 90 kilómetros al sur hasta el batallón de infantería Nº 9 del Ejército, en la ciudad de Fray Bentos, donde todo adquirió tintes kafkianos.
Pasaron largos plantones encapuchados. Los interrogaron con golpizas, choques eléctricos y ahogamientos simulados -siempre bajo supervisión de un médico militar, que indicaba si la tortura podía seguir.
Les preguntaban por una supuesta pertenencia al Partido Comunista de Uruguay, ilegalizado y reprimido por la dictadura que comenzó en 1973 y terminó en 1985, aunque ninguno de los detenidos tenía actividad política según la Fiscalía y sus testigos.
Los interrogadores buscaban establecer vínculos entre los presos y la Unión Soviética.
Ricardo Bozinsky, que a sus 19 años fue una de las víctimas, testificó que los militares les decían cosas como que “ustedes los rusos son culpables de lo que pasó en Vietnam”.
“No sé lo que querían. Yo no entendía nada”, dijo........