A 15 años del asesinato de Marisela Escobedo, organizaciones piden respuestas ante deudas del Estado |
Marisela Escobedo fue asesinada un 16 de diciembre frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, México, cuando colocaba una manta para pedir justicia por el feminicidio de su hija Rubí. A 15 años de ese hecho, el Estado aún tiene deudas específicas en el caso, pero también en torno a las condiciones estructurales que facilitaron ese desenlace.
Además, una petición presentada en 2019 aguarda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún en la etapa inicial de admisibilidad. Es decir, el proceso todavía no ha sido acogido por esa instancia. Esto porque el Estado mexicano sigue valorando la posibilidad de reparar a las víctimas antes, e introducir garantías de no repetición y medidas estructurales para evitar que los hechos se repitan.
En entrevista, Soledad Sánchez, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), explica que la petición, en términos muy amplios, busca que el Estado reconozca su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos de Marisela, Rubí y su familia. Esto tomando como eje central la investigación deficiente de ambos asesinatos.
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“La familia de Marisela estaba acompañando la lucha de Marisela desde el feminicidio de Rubí, pero con posterioridad al de Marisela, se vio atacada y siendo destinataria de un montón de riesgos y de ataques que atentaban contra su vida y a consecuencia de lo que sucedió, se vieron obligados a un desplazamiento forzado internacional para resguardar su vida, y eso también para nosotras es una parte muy importante del proceso”, apunta.
La abogada destaca que la petición internacional y la familia no buscan solo la reparación individual que merecen, y que hasta hoy no han obtenido en su totalidad, por el desplazamiento y todas sus graves consecuencias, sino que son parte, al mismo tiempo, de la continuidad de una lucha que inició Marisela y que tiene que ver con mejorar las respuestas judiciales frente a las violencias por razones de género, en particular en Chihuahua.
Ante eso, las medidas absolutamente necesarias por parte del Estado son revisar las respuestas en los centros de justicia y las fiscalías especializadas en género, en el abordaje y tiempos de manejo de los casos, en la diligencia y oportunidad de las investigaciones, así como la investigación frente a los ataques, amenazas y riesgos de las personas defensoras de derechos humanos, papel que terminó desempeñando Marisela.
La investigación del caso en particular, al paso de los años, se tornó bastante compleja, y si bien se dio la identificación de algunas de las personas responsables, no ha sido suficiente, sobre todo en el caso de Marisela —en el de Rubí se determinó la responsabilidad directa de su expareja—, porque quedaron líneas de investigación sobre las participaciones y responsabilidades que no fueron investigadas.
“Hay un punto central que tiene que ver con la región, más allá de México, y es que muchos de estos hechos de este nivel de gravedad exponen patrones de criminalidad que van mucho más allá de la autoría material. Es necesario para nosotras que este tipo de investigaciones, para que no se repitan y para que de verdad representen desarticular la impunidad, tienen que poner una mirada sobre las autorías intelectuales, sobre las participaciones y las estructuras de macrocriminalidad vinculadas a esos casos”, señala Sánchez.
La abogada considera que no es suficiente una investigación que además de ser inoportuna, parcial, llegar a destiempo y no tener un resultado definitivo, no aborda la complejidad de los hechos y sigue dejando personas tan responsables como las autorías materiales en una absoluta impunidad. Eso permite que hechos similares se sigan repitiendo.
La expectativa de las organizaciones litigantes y de la familia de Marisela es recibir una respuesta estatal voluntaria, que llegue antes de la admisibilidad del caso en la Comisión. Este periodo procesal representa una oportunidad para que el Estado admita su responsabilidad junto con una propuesta de reparación individual y estructural que aborde de manera seria las deficiencias en materia de investigación, desplazamiento y protección de personas defensoras.
Hasta hoy, 15 años después, existe una necesidad de que el Estado atienda demandas específicas en el caso de Marisela, al mismo tiempo que cuestiones estructurales que lo propiciaron o facilitaron, según determinó un tribunal de conciencia que emprendieron varias agrupaciones locales en Chihuahua que acompañan el caso.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y Mexicanos en el exilio son las otras dos organizaciones que, junto con CEJIL, continúan acompañando a la familia de Marisela y el proceso ante el Sistema Interamericano. Sin embargo, la primera, basada en Chihuahua, también ha encabezado esfuerzos locales, como ese tribunal, para mantener la memoria y la petición de justicia.
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