Hacinamiento carcelario en México: Nayarit y Estado de México, en alerta roja por sobrepoblación |
Entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, el sistema penitenciario mexicano ha experimentado una expansión nunca antes vista que desafía toda capacidad logística y humanitaria, lo que ha llevado a la presidenta Claudia Sheinbaum a romper el récord histórico de personas privadas de la libertad.
Este récord se consiguió en tan solo 13 meses, tiempo en el que la población privada de la libertad pasó de 235 mil 461 personas, en octubre de 2024, a 256 mil 557 en noviembre de 2025, un incremento de 21 mil 96 personas que ha agudizado profundamente la crisis de sobrepoblación penitenciaria y hacinamiento carcelario en diversas prisiones del país.
Sin embargo, la “joya de la corona”, en cuanto a sobrepoblación penitenciaria y hacinamiento, son solo dos entidades del país: el Estado de México, que se ha convertido en una especie de “fábrica” de presos o presuntos culpables, y Nayarit, que concentran sus prisiones estatales en alerta roja.
Expertos en el tema de prisiones explican que la sobrepoblación penitenciaria y hacinamiento carcelario se concentra en los penales estatales, más que en los federales, debido principalmente a que las fiscalías locales son las autoridades competentes para investigar la mayoría de los delitos comunes y de alto impacto (como asaltos, robos y violaciones), aunque esto no necesariamente se traduce en una mayor seguridad y justicia para la ciudadanía.
De acuerdo con cifras del Cuaderno Mensual de Información Estadística, la geografía del hacinamiento carcelario en el país no es uniforme. Hay estados que han cruzado la línea roja de la operatividad.
Al cierre de noviembre de 2025, el Estado de México se consolida como el epicentro de la crisis absoluta, operando bajo una presión humana que desafía cualquier norma de seguridad y derechos humanos: alberga a 37 mil 468 personas, en un sistema penitenciario diseñado para solo 14 mil 481 internos. Con una sobrepoblación absoluta de 22 mil 987 personas por encima de su capacidad instalada, las prisiones estatales del Estado de México concentran un 158.74 % de sobrepoblación relativa.
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El abogado Luis Tapia, especializado en derechos humanos y derecho penal, es enfático al señalar que la situación en el Estado de México, al que describe como una “máquina de llevar gente a prisión”, es impulsada por una tendencia punitivista por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.
Así, según su análisis, este sistema cuestionable prioriza el ingreso masivo de personas a las cárceles para mantener la percepción de acción contra la inseguridad, sin que esto garantice una justicia efectiva para las personas.
Este hacinamiento crónico coincide con un perfil educativo bajo en la entidad, donde la mayoría de los internos solo cuentan con secundaria completa (11 mil 657) o primaria completa (seis mil 816) y un grupo alarmante de 792 personas que no saben leer ni escribir.
En octubre de 2021, Animal Político, en alianza con la organización Intersecta, publicó la investigación Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes donde se dio cuenta de que, en efecto, el 70 % de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa o automática son personas de escasos recursos.
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Artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores y comerciantes, quienes apenas cuentan con primaria o secundaria y que son acusados de delitos menores, como pequeños robos, son las principales víctimas de esta medida, situación que incluso evidencia por qué no han bajado los niveles de violencia en el país pese a que hay más detenidos.
Hoy, a más de cuatro años de esa investigación, el Estado de México, que es gobernado por la morenista Delfina Gómez, concentra casi el 80 % del excedente poblacional de todo el sistema estatal mexicano, conservando el mismo perfil de personas inocentes en prisión.
Pese a lo anterior, al indagar más a detalle en las condiciones de centros penitenciarios estatales específicos, las cifras son aún más alarmantes.
Los Centros de Prevención y Reinserción Social (CPRS) de Chalco y Zumpango representan los puntos más extremos de esta crisis. En estos centros, el concepto de “espacio personal” es inexistente, operando con una densidad que quintuplica su diseño original.
De manera desagregada, en noviembre de 2025, el CPRS de Chalco alcanzó una sobrepoblación relativa de 532.66 %. Así, diseñado para albergar a solo 591 personas, hoy sostiene a una población de 3 mil 739 internos.
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