Con fallas y escaso presupuesto opera protección a defensoras y periodistas en Guanajuato |
En Guanajuato, el Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos ha dado respuestas insuficientes y poco efectivas a las solicitudes de apoyo de mujeres periodistas y activistas que han buscado su resguardo al encontrarse en riesgo o por sufrir una agresión en el ejercicio de su labor, tal como asienta la ley en la que basa sus funciones.
A pesar de que algunas de estas mujeres han llegado a esta instancia en condiciones de riesgo extremo, muchas de ellas siendo madres, cuidadoras únicas o sostén de sus familias, el organismo opera sin perspectiva de género, sin considerar su doble o triple carga de trabajo y sin ofrecer medidas que respondan a sus realidades, de acuerdo con experiencias que describieron en este reportaje.
El Consejo Estatal fue creado por decreto de ley en octubre de 2017, con la expedición de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato. Sin embargo, su primera sesión formal ocurrió un año y medio después, en abril de 2019, hasta que se emitieron el reglamento y la convocatoria para la designación de consejeros.
La norma fue impulsada por el gremio periodístico y activistas luego del brutal ataque que sufrió la periodista Karla Silva, entonces colaboradora del periodico El Heraldo, en Silao, ordenado por el ex alcalde Benjamín Solis Arzola en septiembre de 2014.
Aunque el discurso oficial de la gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo ha sido de apoyo a colectivos de búsqueda y periodistas, con la incorporación de reformas legales y mecanismos de protección, la realidad contrasta. En 2022, como secretaria de Gobierno y presidenta del consejo, rechazó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) derivada del expediente 189/2022, por la queja de una buscadora que acusó descoordinación del Consejo Estatal y el Mecanismo Federal. Libia se convirtió en gobernadora en septiembre de 2024.
La CNDH determinó que tanto el Mecanismo Federal de Protección (de la Secretaría de Gobernación) como el Gobierno de Guanajuato violaron los derechos a la seguridad jurídica y legalidad de la víctima; se les acusó de omisiones en el deber de cuidado y falta de debida diligencia para implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida e integridad. Específicamente, se señaló una mala integración del expediente y falta de coordinación para las reuniones de trabajo necesarias.
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El gobierno estatal se rehusó a aceptar la recomendación y argumentó que sí le brindaban medidas de protección a la víctima.
Simultáneamente, las agresiones y las solicitantes de apoyo se multiplican, defensoras y periodistas enfrentan amenazas, desplazamiento, censura, violencia sexual, asesinatos o desapariciones de familiares; sin embargo, el Consejo Estatal de Protección ejerce los fondos destinados a ayudas sociales de forma discrecional, hay opacidad en la operación institucional, carencia de personal especializado y atenciones mínimas o intermitentes.
En consecuencia, las mujeres dedicadas a estas tareas que acuden a esta instancia continúan expuestas, sin acompañamiento adecuado y sin medidas integrales que tomen en cuenta sus necesidades como mujeres, cuidadoras y trabajadoras que ejercen el periodismo y defienden diversos derechos humanos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo (ENUT) del INEGI, en México las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario; 21.5 horas más que los hombres quienes solo invierten 18.2 horas semanales a estas labores. Adicionalmente, las mujeres invierten 5.3 horas más en cuidados a personas con alguna enfermedad o discapacidad.
Este es el caso de María, quien desde hace 11 años es reportera de información policiaca mientras cuida de su sobrina y de su madre, quien padece cáncer. En 2020, debido a estos deberes, tuvo que contratar a Alejandro para que la apoyara con la cobertura noticiosa del medio San Miguel Noticias con Valor de San Miguel de Allende.
Pasadas algunas semanas, el hombre contratado por María le exigió quedarse con su espacio informativo o eliminarlo de las redes; ella no cedió. Poco después, recibió amenazas de un hombre armado en el negocio de su madre, en la misma ciudad.
Para detener el acoso y hostigamiento de su excolaborador, María tuvo que eliminar su página en redes sociales, donde acumulaba 180 mil seguidores, y solicitar apoyo al Consejo Estatal de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Se ordenaron rondines en su domicilio que molestaron a sus vecinos; tuvo que pedir que le retiraran la medida, y le proporcionaron un número de la policía estatal “por si algo pasaba”.
La periodista lamentó que la instancia creada para proteger a personas dedicadas a la labor informativa y a la defensa de los derechos humanos sea “inconstante e intermitente” en su atención, y que además carezca de un enfoque de género.
Cinco años después, María volvió a ser violentada; esta vez el agresor fue el alcalde del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mauricio Trejo Pureco, quien, con gritos y descalificaciones, intentó invalidar su labor en una conferencia pública. Pero decidió ya no recurrir al Consejo porque perdió la confianza en él.
De acuerdo con reportes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-Derechos Humanos) y con informes de Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, desde 2015 en Guanajuato han sido asesinadas 10 personas periodistas y defensoras de derechos humanos; tres de ellas eran mujeres buscadoras. A esta cifra se suma la desaparición de dos defensoras más.
Datos del Consejo Estatal de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos indican que, de 2019 a la fecha, 40 mujeres periodistas y 58 defensoras han solicitado medidas de protección, ya sean preventivas o urgentes, debido a situaciones de riesgo.
Desde su creación, el Consejo ha operado con presupuestos limitados. Entre 2019 y 2024, el Gobierno del Estado sólo ha asignado 12 millones 230 mil 734 pesos a la operación de este organismo. En 2019, año de su creación, recibió el mayor presupuesto con 2 millones 502 mil pesos; pero a partir de entonces, el gasto fue disminuyendo.
Anualmente, la mayoría de los recursos se han destinado a la partida 4410 de Ayudas Sociales a Personas, que en los últimos seis años sumó 5 millones 927 mil 667 pesos, lo que representa el 48.6 % del presupuesto de ese periodo. En 2021 reportó su mayor monto asignado, un millón 500 mil, más del 75 por ciento del presupuesto de ese año.
Sin embargo, el Consejo de Protección ha registrado subejercicios considerables y nunca ha utilizado el recurso etiquetado para esta partida con el fin de apoyar directamente a periodistas, defensores y buscadoras en riesgo o víctimas de agresiones por su labor, pese a que fue diseñada para ese fin.
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En distintas solicitudes de información se pidió el número de beneficiarios, el tipo de apoyo otorgado, así como las copias simples de los comprobantes que acrediten dichos gastos, pero no hubo respuesta.
La Dirección de Protección del Estado sostiene que aplica el presupuesto conforme a la normatividad, que los apoyos que otorga los da de acuerdo con las medidas y se entregan en especie para fortalecer la seguridad.
El recurso de ayudas sociales, que tiene el número de partida 4410 en el presupuesto, sigue las reglas de la Ley de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal y las reglas del clasificador por objeto de gasto.
Este último documento refiere que en el capítulo 4000 están clasificadas las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (apoyos sociales y becas). El clasificador no establece un tope en los apoyos, pero define estas ayudas como: “asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales”. Son asignaciones de auxilio o apoyos especiales que no tienen carácter de permanente.
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En el año 2020, el presupuesto del Consejo Estatal disminuyó a un millón 982 mil pesos, pero únicamente se ejercieron 224 mil 099 pesos. El recurso para ayudas sociales volvió a quedar intacto.
Un comportamiento similar ocurrió en 2021: con un presupuesto idéntico al del año anterior, sólo se utilizaron 477 mil 834 pesos, y nuevamente la partida de ayudas sociales, ascendente entonces a 1.5 millones de pesos, no se aplicó.
Fue hasta 2022 cuando el Consejo reportó por primera vez el uso de una parte significativa del presupuesto. De un millón 922 mil 540 pesos aprobados para ese año, se ejercieron un millón 831 mil 283 pesos, incluyendo un millón 214 mil 730 pesos provenientes del rubro de ayudas sociales.
Sin embargo, el rubro de ayudas sociales se utilizó en un diagnóstico y consultoría en materia de derechos humanos. Ese estudio había sido acordado desde la primera sesión del organismo el 10 de abril de 2019 de acuerdo con el acta a la que se tuvo acceso, pero se concretó hasta tres años después.
Como respuesta a un cuestionario enviado para el reportaje a la Dirección de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, esta respondió que los diagnósticos se realizaron desde 2020 y desde esa fecha se han actualizado.
El Consejo Estatal de Protección contrató en 2019 al consultor colombiano Juan Carlos Botero Ospina, quien cobró 455 mil 648 pesos por la elaboración de un atlas de riesgos, revisión de protocolos de seguridad, guía de autoprotección y capacitaciones, no fueron público, ni socializados y quedó como un instrumento obsoleto.
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“Hay que efectuar un análisis para ver si esas modificaciones de situaciones de riesgo están focalizadas en un sector específico de la profesión o si está asociado a un territorio y unas causas particulares. Haciendo esa valoración se puede entrar a determinar si es necesario hacer una actualización bien sea territorial o poblacional“, reconoció Botero en 2022, entrevistado para el reportaje Comisiones de Papel.
Botero Ospina señaló que es fundamental que el atlas de riesgo pueda actualizarse constantemente, pues debe incluir el contexto más reciente al que están expuestos tanto periodistas como defensores.
Recientemente, también se contrató la consultoría de Jorge Ruiz del Ángel, ex director de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo Federal. El resto del presupuesto se ha destinado para las capacitaciones, así como compras de papelería, equipo de oficina, combustibles, viáticos y telefonía.
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