Corría el mes de noviembre de 1888 cuando el Gobierno del Distrito Federal en Venezuela emitió un decreto que perseguía la libertad de expresión. La resolución del 5 de noviembre, ordenaba que quienes propagaran “noticias falsas” fueran considerados conspiradores, perseguidos y tratados como tales.

El texto oficial señalaba que las noticias falsas perjudicaban al Gobierno Nacional y dificultaban las transacciones mercantiles. Esta justificación, que mezclaba el orden público con la economía, otorgaba al Estado la facultad de........

© Analítica