El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noche del pasado 12 de junio la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua. Según la información difundida, la operación tuvo lugar en el epicentro del denominado Arco Minero del Orinoco.

Más allá de las circunstancias que rodean ese hecho, el anuncio vuelve a poner en evidencia la dramática realidad que vive Venezuela al sur de su geografía y revela la manera irresponsable como el chavismo-madurismo ha administrado los territorios y las riquezas de la nación.

La Amazonía venezolana constituye uno de los patrimonios naturales más valiosos del planeta. Allí se encuentran inmensas reservas de biodiversidad, recursos minerales y fuentes hídricas fundamentales para el equilibrio ecológico de Venezuela y de buena parte de América del Sur. Sin embargo, la ausencia de valores éticos, la incapacidad administrativa y, sobre todo, la voracidad de enriquecimiento de la cúpula instalada en el poder desde la llegada de Hugo Chávez, transformaron esa inmensa riqueza natural en un territorio dominado por la violencia, el crimen y la destrucción ambiental.

El balance del llamado socialismo del siglo XXI en materia minera resulta incluso más desastroso que su gestión en el resto de la vida económica, social y política del país. La magnitud del daño ocasionado aún no es plenamente conocida por los venezolanos ni por la comunidad internacional, debido a que se trata de una vasta región selvática, alejada de los grandes centros poblados y con escasa presencia institucional.

Lo cierto es que en esos territorios se consolidó una red de mafias dedicadas a la explotación aurífera, reproduciendo la vieja fiebre del oro asociada al mito de El Dorado. La minería se convirtió además en un mecanismo para comprar lealtades políticas y asegurar respaldos mediante la distribución irregular de enormes riquezas.

Todo el discurso ambientalista que acompañó la campaña presidencial de Hugo Chávez en 1998, así como la posterior propaganda oficial sobre el llamado “ecosocialismo”, terminó reducido a una simple consigna. Nunca existió una política seria, responsable y técnicamente sustentada para proteger y administrar racionalmente los recursos naturales de la región.

La minería artesanal e ilegal que durante décadas desarrollaron pequeños grupos de buscadores de oro fue sustituida por una estructura mucho más peligrosa. Organizaciones criminales, grupos armados irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, así como actores vinculados al poder político y militar venezolano, se repartieron amplias zonas de la Amazonía para explotar sus riquezas sin ningún tipo de control institucional.

Las consecuencias ambientales son devastadoras. La destrucción de extensas áreas boscosas amenaza no solo la biodiversidad de la región, sino también las fuentes hídricas que alimentan ríos fundamentales para Venezuela, entre ellos el Orinoco y el Caroní. Esta situación pone en riesgo........

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