El Consejo de Ministros de ayer aprobó el decreto ley para la regularización extraordinaria de inmigrantes. Una norma que se calcula que afectará a medio millón de personas que viven desde hace años en nuestro país sin documentos que les permitan trabajar legalmente y normalizar su vida. Carecer de papeles incentiva la explotación, los abusos y la economía sumergida. Un mal negocio para un país que hubiera sido deseable resolver en las Cortes como proponía la Iniciativa Legislativa Popular. El acuerdo de Estado es sin embargo inimaginable con la polarización política imperante ahora en España. La demagogia antiinmigratoria cosechó rechazos donde antes había apoyos a la regularización. Lo justo y lo necesario era actuar.

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