En tiempos de Franz Von Liszt (1851-1919), destacado jurista penalista y político alemán, se hablaba de la posibilidad de la empresa como sujeto activo de delito, es decir, como delincuente. Hoy se tiene la certeza y la inquietud de ser la empresa un medio facilitador del crimen organizado. En aquel entonces decía Von Liszt que el reconocimiento de la responsabilidad penal de las sociedades y la punición de tales entidades, se presentan, no sólo como posible, sino como conveniente; no obstante, existe la pretensión de algunos sectores de dejar pasar inadvertida a la persona jurídica en el modus operandi de la delincuencia organizada, para no desacralizar el mercado.
La gente pregunta: ¿Puede una empresa cometer delito y ser condenada penalmente? Yo les digo que sí, de acuerdo a la ley. Por supuesto, la tesis tradicional sostiene que las empresas no tienen responsabilidad penal porque sólo las personas físicas serían capaces de cometer delitos; por ello se decía que solamente la persona humana es capaz de actuar porque tiene la facultad volitiva que es exclusiva del ser humano. Sin embargo, esta concepción fundamentada en las teorías psicológicas de la culpabilidad viene siendo superada por una visión distinta que empieza a sentirse desde el concepto normativo y no es extraño que muchos autores consideran, entendida la culpabilidad desde un ámbito funcionalista, que la responsabilidad penal de la persona jurídica será “una exigencia insuperable” porque la tutela penal es dirigida con relación “a la norma que estructura y hace funcionar la economía en una sociedad determinada y en un modelo de Estado determinado”. Lo que sucede es que en dogmática penal esto ha sido una larga polémica y un problema no resuelto, pero que en la ley ya tiene soluciones.
La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo no dejó pasar inadvertida la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos cometidos por cuenta de ellas, por sus órganos directivos o sus representantes. Hoy se abre la posibilidad de un sistema de doble imputación; por un lado, la responsabilidad penal del sujeto accionante y, por el otro, la responsabilidad penal de la empresa que comete delito. En fin, se puede condenar penalmente a una persona jurídica, sin llevarla a la cárcel. Su pena máxima es la clausura definitiva o muerte jurídica.