Las vías en Colombia no van para ninguna parte. Al parecer el modelo de las Alianzas Público Privadas, conocidas como APPs, no avanzó como estaba planeado: de 29 proyectos 4G recibidos del Gobierno Duque, solo 8 se terminaron, 16 presentan retrasos y 17 están en tribunales de arbitramento buscando reconocimientos indemnizatorios de alrededor de 10 billones, que puede que reciban, e igual no habrá vías.

Esto es aterrador desde muchas perspectivas: para los ciudadanos que todos los días deben padecer el viacrucis de desplazarse entre pueblo y ciudades; para los transportadores que, además de aumentar sus costos, sufren por el estado de las vías; para nuestros niños que todos los días deben atravesar trochas hacia sus colegios; y para los habitantes de los municipios cercanos a las grandes ciudades, quienes duran horas llegando a sus casas después de largas jornadas de trabajo. Mientras tanto, los grandes concesionarios y multinacionales demandan al Estado por no haber podido hacer la obra. El resultado es indignante: los concesionarios reciben indemnizaciones que terminamos pagando todos los colombianos, las vías no se hacen y la comunidad queda como coloquialmente se dice, “sin el pan y sin el queso”.

Pero ¿quién es el responsable? Lamentablemente debo decir que las mismas comunidades se pegan tiros en los pies, y Santander tiene dos ejemplos perfectos: el Peaje de Ríonegro y la Conectante C1-C2 vía Bucaramanga-Pamplona. Estas comunidades se comieron el cuento, de políticos hambrientos de votos, que esas vías no tenían las licencias ambientales y que los concesionarios llevaban robándose la plata por años. Acto seguido, la comunidad salió a la calle a quemar, dañar y cerrar las vías para que no se hicieran. Del otro lado estaba el concesionario riéndose y diciendo desde su flamante yate, “pobres guevones, el tribunal me dará la razón y el Estado tendrá que pagar esta vida y la otra”, mientras los incautos ciudadanos, con los mismos problemas de siempre, siguen gastando 2 horas para llegar al trabajo.

La fórmula es redonda y la resumo: las comunidades piden vías, el Gobierno licita, el concesionario se gana la licitación, los políticos carroñeros se oponen con cuentos de hadas, las comunidades se creen el cuento, salen y queman todo, el concesionario se ríe y demanda al Estado y el Estado pierde, o sea que todos los colombianos pagamos la demanda. Resultado: el concesionario se “embilleta”, los políticos son elegidos y las comunidades quedan “mamando”.