El juicio que le siguen en Tailandia a Daniel Sancho, acusado de asesinato premeditado y desmembramiento del médico colombiano Edwin Arrieta, ha hecho que me pregunte: ¿por qué no ha habido ningún representante del consulado colombiano en el juicio contra Sancho como garante del debido proceso?

Al parecer, ningún funcionario del consulado ha asomado las narices en la Corte de Koh Samui del país asiático, tal como lo denunció el abogado Juan Carlos Ospina; sin embargo, el vicecónsul español ha estado presente desde el inicio durante todo el proceso.

Esto ha generado tal tensión entre los abogados de ambas partes, con acusaciones de “trato de favor” para Sancho por parte del abogado de Edwin Arrieta, por supuesta intromisión de las autoridades españolas.

Hay que decir que esta afirmación es rebatible, porque todas las embajadas del mundo disponen de un departamento penitenciario que presta asistencia a los presos y a sus familias en un país extranjero y Colombia no es la excepción, por eso entiendo menos la falta de asistencia.

Este caso, que he seguido desde que se conoció la noticia, ha tenido un revuelo mediático de marca mayúscula en España, ya que Daniel Sancho es hijo del conocido actor Rodolfo Sancho.

Diferentes episodios llaman poderosamente la atención en este abanico procesal, sobre la forma como se ha desarrollado el juicio de este macabro crimen perpetrado en agosto del año pasado, generando inquietantes incógnitas.

Por un lado, está la filtración de información relevante a la prensa, con lujo de detalles, que se desvelen pormenores en platós de televisión con largas tertulias, como si de un culebrón se tratara. Por allí desfilan amigos, actores, exparejas, cocineros, la abuela y para rematar los abogados del acusado como protagonistas.

La petición de perdón del acusado en la audiencia celebrada esta semana, queriendo resarcir los daños morales causados a la familia del médico, reconociendo que lo descuartizó, pero que: “No lo mató, Arrieta se cayó durante una pelea cuando intentó violarlo. Después, hizo lo que hizo, porque estaba aterrado”.

Cabe anotar que el abogado de Daniel Sancho cree que se está enjuiciando la muerte de Arrieta, no lo que pasó después, situación que cambia radicalmente la condena, porque en las leyes del Reino de Tailandia, el delito de profanación de cadáveres tiene solo un año de prisión y no se cumple.

De demostrarse esto, significaría que Sancho no sería condenado por asesinato premeditado, cuya condena es pena de muerte o cadena perpetua, como se dijo inicialmente, sino por homicidio imprudente y, en consecuencia, tendría una pírrica condena entre 6 y 8 años, de la que podría salir en poco tiempo por buen comportamiento. Blanco es, gallina lo pone…, es chef, seguramente lo enviarían a las cocinas.

Esperemos que este caso no quede en la impunidad y, la sentencia del tribunal de Tailandia, sea ejemplar, ellos también se juegan la credibilidad y el prestigio. No encuentro coherente que un descuartizador confeso pueda salir a la calle tan campante, en tan poco tiempo, después de haber cometido semejante atrocidad.