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Uno de los graves daños que el actual régimen ha infligido a la sociedad venezolana es el adoctrinamiento de millones de compatriotas hasta convertirlos en súbditos incondicionales, que no ciudadanos. Entre ellos, 3,5 millones incorporados a una burocracia donde la gran mayoría se ve obligada a disimular o tratar de justificar errores, corrupciones y violaciones de todo tipo; una inmensa multitud, transformados en seres que dependen de las dádivas del gobierno para su alimentación. (Un informe de la ONU, de enero 2023, señalaba que cerca de 6,5 millones de venezolanos padecían hambre). En general, compatriotas cegados por una anacrónica ideología y un servilismo que les impide reflexionar y criticar errores y delitos injustificables.
Ante esta dolorosa situación, se estima que en la lucha por una transición pacífica, electoral, hacia la democracia, junto con factores considerados ineludibles como son los económicos, sociales, legales, institucionales, administrativos y judiciales, se debe incluir el componente educativo, que comience con una masiva, intensa, campaña nacional por el rescate de los valores éticos y las prácticas que se requieren para apoyar y defender dicha transición, y se continúe con el restablecimiento del sistema educativo formal, hoy devastado, indispensable para el logro de una democracia sostenible.
Al revisar en la literatura especializada casos emblemáticos de campañas educativas, se aprecia que ellas están dirigidas casi siempre desde un Ministerio de Educación, de Salud, o desde sus equivalentes en los altos niveles del Gobierno; modalidad impensable para una campaña pro democracia en la actual situación política venezolana.
Ante esta circunstancia, se considera que la institución más llamada a liderar este tipo de campaña es la Universidad venezolana, aún desde la precaria situación a la que hoy se encuentra sometida. Nos referimos aquí a la Universidad autónoma, actuando dentro del marco legal que le brindan la Constitución y las leyes correspondientes y apoyándose en otras instituciones de Educación Superior.
La Universidad autónoma llevaría esta acción educativa a la familia, al trabajo, al partido político, al gremio, al sindicato, y podría organizar grupos de estudio y reflexión, para lo cual utilizaría su gran variedad de recursos, tales como la Extensión Universitaria, cierto tipo de investigación social, los cursantes de postgrado, los estudiantes de pregrado, los Servicios Comunitarios, los Gremios y las Asociaciones de Jubilados, en alianza con otros niveles del sistema educativo y con instituciones de la sociedad civil.
Esto exigiría la creación de un ente conductor que, respetando la idiosincrasia de cada institución y su carácter de institución plural, coordine acciones, defina áreas de influencia, sugiera alianzas y liderazgos especializados en busca de la sinergia necesaria para el éxito de la campaña. Dicho ente podría ser nombrado por la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu).
En la actualidad, existen experiencias venezolanas que demuestran la fortaleza educadora de una interacción Universidad-Escuela-Familia-Comunidad, con los maestros como principales agentes en esta cadena. Bravo Jáuregui, en su «Memoria Educativa» Nº 982 del 15-12-2023, reconoce la labor investigativa y formadora de instituciones como Encovi-UCAB, Hum Venezuela, Asopadres, Fe y Alegría, Fundaredes, UDSE, Con la escuela.
El número de universidades venezolanas y su distribución geográfica, indica que ellas en conjunto podrían cubrir todo el territorio nacional. UCV, UPEL, Unesr y UNA prácticamente lo hacen individualmente porque poseen sedes o núcleos distribuidos por todo el país.
La Constitución venezolana, que ofrece el apoyo legal necesario para la acción que se sugiere, brinda además un firme referente axiológico para orientar las acciones de algo tan complejo. En ella se define al país como:
“…un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores…la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (Art. 2). Y establece que “La educación es un servicio público… fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciado con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal” (Art. 102).
A estos valores y principios se agregan los que tienen en común la ciencia y la democracia, entre otros:
– una actitud crítica y autocrítica,
– compromiso con la razón y la transparencia,
– apertura mental,
– rendición de cuentas,
– tolerancia,
– consideración de los puntos de vista opuestos a los propios,
– respeto por las evidencias y
– disposición a admitir la incertidumbre y la ignorancia.
Considerando la base jurídica que tanto la Constitución, como la Ley de Universidades y su Reglamento brindan a la Universidad Autónoma, podemos admitir que ese apoyo constituye a la vez un mandato; por lo que la Universidad Autónoma tiene, por definición, la obligación de contribuir a la construcción de la república tal como allí se le define.
A un nivel conceptualmente más cercano a la acción, se sugiere un modelo de enseñanza y aprendizaje consistente en situaciones que reproducen en miniatura las prácticas democráticas que se derivan de los valores antes mencionados; por ejemplo: toma de decisiones informadas y por consenso, asunción de responsabilidades, rendición de cuentas, reflexiones colectivas, solución de conflictos y dilemas, análisis crítico de eventos y noticias. Situaciones que funcionan como un andamiaje en el cual se inserta una fina selección de conocimientos básicos para una ciudadanía responsable. Este modelo, que podría ser desarrollado por los especialistas en diseño curricular, es aplicable a cualquier situación de enseñanza y aprendizaje, desde el aula de la educación formal hasta la que tiene lugar en cualquier ámbito extraescolar donde exista una interacción social con algún grado de formalidad.
Estas situaciones de aprendizaje tendrían su equivalente en el caso de la educación a distancia mediante el uso de medios tradicionales como la radio y la televisión y online mediante plataformas virtuales de aprendizaje, videoconferencias y el pujante recurso de las redes sociales. Variedad de herramientas comunicacionales que hacen posible incorporar a la campaña a una diversidad de influencers con multitud de seguidores, incluyendo los más de siete millones de migrantes que hoy están dispersos por todo el mundo.
Para efectos de esta campaña se dispondría de más de un año: cuatro meses desde hoy hasta el día de las elecciones –28 de julio– y nueve desde ahí hasta la toma de posesión en marzo de 2025, lapso en el cual las competencias ciudadanas pudieran ser más necesarias para apoyar los cambios que deben darse después de las elecciones y para defender lo resultados que se aspira lograr .
Tratándose de algo tan complejo, nuestra intención con estos lineamientos es la de ofrecer un incentivo que pudiera complementar proyectos existentes, promover proyectos más precisos o explorar fórmulas más ambiciosas de acción educativa inmediata e intensiva.
Una modalidad de investigación-acción permite generar en brevísimos plazos el conocimiento práctico necesario para apoyar este tipo de campaña. Permitiría obtener, por ejemplo, información sobre la existencia de iniciativas exitosas en diferentes instituciones educativas, al igual que detectar, en tirios y troyanos, modelos indeseables de formación (o deformación) que podrían ser objeto de estudio y atención especial.
En la delicada situación que hoy vive Venezuela, la Universidad autónoma puede hacer un aporte significativo, liderando una campaña educativa que contribuya a formar una masa crítica de ciudadanos dotados de una vertebración moral y ética congruente con los valores de nuestra Constitución, conocedores de las coordenadas históricas y culturales de Venezuela, y conscientes de la ubicación geopolítica del país, en el marco de los valores de la Cultura Occidental. Ciudadanos capacitados para apoyar y defender con entusiasmo y determinación la ansiada transición hacia una Venezuela democrática, reunificada, reconciliada, plural; donde cada quien pueda vivir en paz, estudiar, trabajar y progresar al máximo de sus capacidades y aspiraciones, en una nación libre, más humana y más digna.
*Lea también: Fervor mesiánico y razón política, por Fernando Mires
Este artículo fue escrito antes de la turbulencia política que vive actualmente Venezuela, por las distorsiones e impedimentos que el oficialismo ha introducido en el proceso electoral. Contemplábamos la posibilidad de unas elecciones presidenciales que se dieran dentro de un mínimo respeto por la Constitución y las leyes.
Hoy, a pesar de las inexplicables e ilegales restricciones que el CNE está imponiendo a quienes se destacan como líderes competitivos, seguimos apostando firmemente por el cambio pacífico, electoral y democrático. Sostenemos que la propuesta de una campaña educativa es válida, cualquiera sea el resultado inmediato de nuestra lucha por la democracia; pero confiamos en que los líderes de la oposición sabrán sacrificar intereses personales y diferir la discusión de sus diferencias hasta lograr articular la voluntad colectiva expresada en las Primarias de Octubre de 2023 y concretar el cambio que Venezuela necesita y se merece.
Gilberto Picón Medina es Lic. en Psicología (1967), UCV, Maestría en Educación para el Desarrollo (1972).Univ. de Stanford, USA. Doctor en Educación (EdD) (1978), Univ. de Stanford, (USA). Actualmente Trabaja en investigaciones sobre los Procesos de Cambio en Educación y sobre la relación entre Ciencia y Democracia.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
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