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Autores: Danytza González y Germán Campos-Herrera
A dos meses del inesperado fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, un destacado bastión de la centroderecha en Chile, su legado fluctúa entre constructor de puentes e instituciones regionales y dar paso a la derecha populista radical en el país austral.
Durante sus dos mandatos no consecutivos (2010-2014 y 2018-2022), Sebastián Piñera forjó sólidos lazos de cooperación económica y humanitaria con los gobiernos latinoamericanos. Un ejemplo de ello fue la creación de la Alianza del Pacífico (AP) en 2012 en conjunto con los expresidentes Juan Manuel Santos (Colombia), Felipe Calderón (México) y Ollanta Humala (Perú). Hasta el día de hoy, la AP ha significado un gran paso en materia de integración económica regional, facilitando la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre sus países socios. Piñera también desempeñó un papel clave en el proceso de paz colombiano con las FARC en 2012. Su gobierno actuó como garante y proveedor de asesoramiento para dar mayor peso internacional a las negociaciones con el grupo armado.
Con sus grandes aciertos políticos, Piñera no estuvo exento de controversias. Las revelaciones de los Pandora Papers lo implicaron en actividades financieras cuestionables, que incluían la venta de sus acciones del proyecto minero Dominga en 2010, realizada poco antes de asumir su primer mandato presidencial. Esto, sumado a su presunta influencia en la tramitación y aprobación del proyecto que implicaba un alto impacto ambiental le llevaron a una primera acusación constitucional. Además, durante su segundo mandato enfrentó acusaciones de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden durante las protestas sociales de 2018, lo que resultó en una histórica segunda acusación constitucional en su contra.
Pese a ello, diversas figuras del gobierno actual han reconocido la importancia y el legado del expresidente chileno. Incluso el presidente Gabriel Boric, quien fue un férreo opositor durante su mandato, admitió: «Como oposición, en ocasiones durante su gobierno las querellas y las recriminaciones fueron más allá de lo justo y razonable… Actuó de una manera con la que discrepé, pero usando siempre, repito, siempre, los mecanismos de la democracia y la Constitución».
Durante su segundo mandato, Piñera y buena parte de su sector político impulsaron leyes que permitirían actualizar y regular la ley migratoria. Para algunos, su gobierno daba señales de que el país austral era una casa de puertas abiertas para los migrantes debido a sus alocuciones en varios medios y eventos internacionales.
El ascenso en el último tiempo de la ultraderecha en América Latina ha estado asociada a la mano dura contra las bandas criminales (El Salvador), acabar con los privilegios de la «casta» política (Argentina) o el retorno y empoderamiento de grupos insurgentes (Colombia). En Chile, parece estar vinculada a la delincuencia y su relación con la migración. Esta última, paradójicamente, impulsada durante el gobierno de Piñera.
Hoy en día, la delincuencia y migración parecen haber acaparado la atención de la mayoría de los chilenos. Según la encuesta Pulso Ciudadano de principios de marzo, los chilenos encuestados consideran la delincuencia (51,9%) y la migración (31,4%) como los principales problemas del país. Así mismo, a inicios de abril la encuesta Cadem mostraba que un 90% de los encuestados están de acuerdo con que el país debe poner más restricciones a la migración, y un 70% ellos creen que existe un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes.
En contraste a estos datos, el informe de la Comisión de Gobierno Interior a mediados de marzo dio a conocer cifras sobre los delitos registrados y su relación con los migrantes. El General Inspector de Carabineros de Chile, Jean Camus García, aseguró que, a enero de 2024, hay 14.995 detenidos. De ellos, 2.065 corresponden a migrantes en la región Metropolitana. Entonces, según estos datos, un 13,8% de los delitos fueron cometidos por migrantes, mientras que un 86,2% fueron cometidos por chilenos.
*Lea también: Cuba: de democracia a la autocracia más larga de América, por Marino J. González R.
Desde luego, la compleja incertidumbre y desinformación por la que atraviesa el país también se debe a que sus instituciones y diversos sectores políticos (de derecha e izquierda) no han estado a la altura de este desafío. Como producto de ello, la ventana de oportunidad ha sido aprovechada por políticos de la derecha populista radical muy audaces como José Antonio Kast, Rojo Edwards y Johannes Kaiser, que han logrado canalizar la incertidumbre de los chilenos y ajustarlas a sus discursos y propuestas programáticas. Incluso, algunas personalidades nacionales como Alexis Kaiser —director de la Fundación para el Progreso— han manifestado públicamente: «…en materia de orden público, tienes que darle mucho más respaldo a Carabineros, y Fuerzas Armadas, para que puedan hacer su trabajo, hacer su trabajo implica que corra bala, que corra sangre, que muera gente…».
Con sus luces y sombras, Piñera pretendía convertirse en un referente de consensos, quizá porque ya avizoraba la radicalización de su sector político. Ahora más que nunca, es necesario una figura en el centro político que logre articular las preocupaciones de la sociedad dentro del marco democrático y que, a su vez, deje de ceder espacio a la polarización y la admiración de líderes populistas que erosionan los cimientos de la democracia.
Después de todo, tal como señaló Winston Churchill: «La democracia es la peor forma de gobierno, exceptuando todas las demás». En consecuencia, la democracia es imperfecta —lo sabemos—, pero es la mejor dentro de todas las opciones posibles.
Danytza González es cientista política y profesora de la Universidad Católica de Temuco. Doctorante en Administración y Políticas Públicas – Universidad Nacional de Córdoba.
Germán Campos-Herrera es Profesor del Dep. de Sociología, C. Política y Adm. Pública de la Univ. Católica de Temuco (UCT). Doctorando en C. Política en la Univ. Diego Portales (UDP). Investigador del ICSO/UDP y del Centro de Políticas Públicas de la UCT.
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