En las discusiones en el Congreso de la República alrededor de los proyectos de reformas hay un debate político y económico profundo sobre el rol del Estado en el sistema, el cual, es impulsado desde el Presidente con una crítica constante a lo que denominan el ‘modelo económico neoliberal’.

Básicamente, la postura es que este modelo ha dejado desamparados a varios sectores de población, incrementado la desigualdad económica, y proponiendo un papel más activo del Estado para contrarrestar lo que en teoría se denominan las fallas del mercado.

De esta forma, la tensión del debate es una reducción de los problemas a la simple solución de un Estado interventor. Por esto, en todas las acciones y discursos gubernamentales y proyectos de reforma, sale a la luz el deseo de incrementar el poder estatal como ese agente magnánimo que actúa guiado por el bienestar social, que juega a equilibrar la balanza en defensa de la justicia social. Si bien, el sector público cumple una función esencial de inversión, y ha sido co-protagonista del desarrollo económico en la historia, el reduccionismo de más Estado para la sociedad omite la realidad que esté no es un agente omnipresente, omnisciente y omnipotente, sino que está personificado por individuos que cumplen funciones públicas.

El problema es que, así como existen fallas del mercado, en la teoría económica también se encuentran los fallos del Estado, partiendo del comportamiento individualista de los políticos y burócratas, seres humanos como aquellos del sector privado, y que en su intervención en los asuntos económicos y sociales pueden ocasionar ineficiencias, donde el costo es asumido por la sociedad y el económico financiado por los privados.

La complejidad de la discusión no es tener un mayor o menor Estado, sino entender su posición en el funcionamiento del sistema. Por un lado, el Estado tiene la función de redistribuir la riqueza generada anualmente por medio de impuestos extraídos a los hogares y las empresas, los cuales, deberían utilizarse prioritariamente en inversión social para el bienestar de las personas.

Por otro lado, la estructura actual del sector público en Colombia deriva en un déficit fiscal anual, una deuda pública creciente y un abultado porcentaje de egresos públicos en gastos de funcionamiento, donde sobresalen cargos directivos de entidades públicas con ingresos mensuales entre $55 y $70 millones, hecho de natural recelo social y moral en un país donde 47,1% de los ocupados tiene ingresos inferiores a 1 SMMLV y 11,3% de 1 SMMLV según Dane para el período enero-octubre 2023.

Ojalá el deseo de una mayor intervención del Estado en la economía fuera acompañado de una intención real de mayor eficiencia en la inversión social y productiva, aspecto necesario para la fórmula del desarrollo económico; en caso contrario seguiremos en una defensa ideológica inútil por el Estado sin hacer la pregunta incomoda ¿para qué un Estado?

ALEJANDRO BARRERA ESCOBAR
Profesor Universidad de Manizales.