Nos aprestamos, por tercera vez, a cumplir el procedimiento establecido en la Constitución para el nombramiento de las máximas autoridades en el poder judicial.
Deliberadamente, no dije “elección”, pues, si bien la Constitución establece el voto universal para la elección de magistrados, en realidad, tanto el 2011 como el 2017, el soberano no eligió y decidió absolutamente nada. En los hechos, la instancia legislativa decidió todo y las elecciones fueron una pantomima. Por ello, en ambas oportunidades, el porcentaje de votos nulos y blancos superó descomunalmente a los votos válidos.
Pues bien, en circunstancias distintas, este año, acudiremos nuevamente a urnas. No se sabe si a elegir o a expresar el mismo sentimiento de rechazo de las dos anteriores elecciones. El desafío, de mejorar sustancialmente este proceso, está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Si esta instancia propone candidatos idóneos, probos y honestos, los resultados en las urnas tendrían que ser muy diferentes a las anteriores.
Para comprender mejor lo que podría suceder este año, es imperativo ver las circunstancias y características de las dos experiencias anteriores.
El 2011, la primera experiencia, se pretendía transformar la justicia con mayor presencia de autoridades originario–campesinas. Ciertamente, el proyecto fue loable.
Sin embargo, el MAS, con sus arrolladores dos tercios en la ALP, acabó eligiendo -más que seleccionando- a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional (TCP) y Consejo de la Magistratura.
La preselección de candidatos fue, en gran medida, toda una farsa. Con libretos preestablecidos hubo un simulacro de evaluación y calificación de méritos, para justificar una lista políticamente elaborada por Evo Morales y sus aliados (en este caso, los dirigentes de los mal llamados “movimientos sociales”). En los hechos, bajo la lógica corporativa, cuotearon, entre ellos, todos los cargos. El descontento, y absoluto rechazo, se expresó en las urnas. Con una abstención de cerca del 21%, los votos nulos y blancos llegaron a un poco más del 60% de los votos emitidos. Algo, ciertamente, insólito e inédito.
Las circunstancias para las elecciones de 2017, no cambiaran en nada. Otra vez, con más de dos tercios en el legislativo, Morales con los sindicatos, federaciones y confederaciones acabaran definiendo “a dedo”, con la farsa de elecciones de por medio, a todos los magistrados. En palabras de García Linera, “en las elecciones judiciales de 2012 y 2017, hubo cuoteo sindical”.
En las urnas, otra vez, ese descontento y “asco” con la forma se expresarán de manera contundente. Los votos nulos y blancos bordearán el 65%. Democrática y,legítimamente, un desastre.
Los resultados de ambos procesos son, ciertamente, siniestros. Se tuvo una justicia absolutamente sometida a los designios de Morales. Sobre todo, el TCP. Desde ahí, se cultivó, en el órgano judicial, la cultura de autoridades sumisas. Quienes no ingresan disciplinadamente en “la línea” son sistemáticamente apartados, cuando no procesados con pruebas “fabricadas”. La ilustración de este perverso proceso fue el exmagistrado Gualberto Cusi -hoy nuevamente candidato-, que cayó en desgracia, por contestatario e “insolente”.
Ilustra mejor el calificativo de “justicia siniestra”, una reciente declaración del exministro Carlos Romero: “En este país hay que ir a comprar la sentencia. Pero no solamente el juicio, cualquier diligencia judicial. Para la notificación hay que dar plata al secretario. Para tener la copia del acta de la audiencia, hay que dar plata. Para la notificación, al diligenciero. Para que caiga en un juzgado, hay que dar plata para manipular la informática. O sea, la justicia boliviana es la peor prostitución y lepra”.
Si esa fue la lapidaria experiencia de las anteriores, ¿como se vislumbran estas del 2024? El panorama ha cambiado radicalmente. La correlación de fuerzas en el legislativo ya no es arrolladoramente favorable a ninguna fuerza política. La división del MAS ha fragmentado su composición. Necesariamente, entre las distintas fuerzas políticas, deben arribar a consensos, para lograr los dos tercios que exige la Constitución.
Esto ha generado alguna esperanza de cambio en la forma en que se procedió el 2011 y 2017. Tal vez, por ello, algunos constitucionalistas notables, como William Herrera de Santa Cruz y Cesar Cabrera de Cochabamba, entre otros, se animaron a participar.
Sin embargo, el fantasma del cuoteo, entre las fuerzas políticas, está presente. Estas tienen sus candidatos. Incluso el “evismo” presento a sus candidatos. Si eso sucede, pasaríamos del cuoteo “entre Evo, sindicatos y federaciones” al cuoteo del ciclo de la democracia pactada, entre lideres políticos; en el fondo, sin ningún cambio.
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