“Bolivia es un país donde pasa todo y nunca pasa nada”, decía un expresidente y esto es cierto porque desde que se fundó la república, el “sistema” es el mismo, podrán haber cambiado los modelos, las formas de Estado, de los gobiernos, pero el sistema es el mismo, por eso estructuralmente nunca cambia nada.
Con esta óptica hemos estado espectando pacientemente el zafarrancho producido por la autoprórroga de funciones declarada por los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y ordenada por el partido de gobierno, no siendo difícil apuntar de antemano cuál será el desenlace de esta batahola. Por lo demás, no hay necesidad de ser constitucionalista para apuntar que esa declaración del TCP es inconstitucional, todos lo saben.
Los magistrados del TCP, más allá de haber cometido una serie de delitos, (prevaricato, no haberse excusado en una causa en la que son parte interesada, haber fallado pronunciándose más allá de lo consultado, retardación de justicia, reincidencia violatoria de la Constitución, etc., etc.), han usurpado las funciones del poder constituyente.
Teóricamente, nadie, a título de interpretar o “modular” la Constitución puede modificarla o transgredirla, la atribución originaria para reformarla pertenece a la voluntad primigenia del pueblo. Ningún órgano del Estado puede hacerlo, menos una reunión de partidos políticos.
Han expresado algunos políticos que cualquier solución que se dé a la prórroga de funciones de magistrados y a la realización de las elecciones judiciales “será siempre inconstitucional” (lo que es verdad por causa de ellos en el Parlamento) por lo que —dicen— la única salida es que se convoque a “un gran acuerdo nacional de los partidos políticos”, sin interesarles que los políticos junto a policías, jueces, fiscales, son los más repudiados por la ciudadanía.
Es decir, con el cinismo de siempre nos dicen que entre políticos arreglarán la justicia violándose “un poquito nomás” la Constitución, pero claro que ese “poquito nomás de violación” tiene un interés y es el de que reunidos oficialistas y opositores, poniéndose de acuerdo para conseguir los 2/3 de votos, dirá cada uno de ellos: de los preseleccionados, para mí tantos magistrados en el TCP, para ti tantos en el Tribunal de Justicia, para este otro tanto en el Tribunal Agroambiental, para el de más allá tantos consejeros en el Consejo de la Magistratura, etc., etc.
En las tratativas, se dirá: no, tú pides mucho, a ti te corresponde sólo tantos, pero para compensar te damos uno más en este otro Tribunal, y así girará la rueda de negociaciones hasta encontrar un punto de conformidad; es decir, se habrá “cuoteado” una vez más la justicia en manos de los políticos y la justicia permanecerá podrida. Para rematar, cada partido presentará “discretamente” los nombres específicos de su conveniencia partidaria para ser preseleccionados.
Luego comunicarán que está fijada la fecha de realización de las elecciones judiciales para de aquí a cuatro, seis, o más, o menos meses y que en el ínterin, los actuales magistrados pifiados continuarán “excepcionalmente” en sus cargos; o nos dirán que éstos cesan en sus funciones debiendo reemplazarlos los suplentes; o también podrán disponer que únicamente el personal administrativo continuará en sus puestos, como si la función principal del Órgano Judicial fuera la administrativa y no la jurisdiccional.
Pero para el caso de que no se lograra un acuerdo interpartidario, al poder político no le temblará la mano al postergar los malhadados comicios judiciales para las calendas griegas, en un ejercicio desembozado no solo de autoritarismo sino de totalitarismo.
Este intríngulis, que es de imposible solución constitucional, es la muestra palpable de que Estado de derecho, independencia judicial, democracia, etc., no rigen en Bolivia y son simples sofismas para embaucar a ciudadanos incautos a los que luego se les obliga a votar en favor de quienes les engañan y mienten.
En fin, en uno o en otro caso todo estará “resuelto” y todo continuará su curso “normal”, porque “en Bolivia todo pasa y nunca pasa nada.”
La política y la justicia
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21.12.2023
“Bolivia es un país donde pasa todo y nunca pasa nada”, decía un expresidente y esto es cierto porque desde que se fundó la república, el “sistema” es el mismo, podrán haber cambiado los modelos, las formas de Estado, de los gobiernos, pero el sistema es el mismo, por eso estructuralmente nunca cambia nada.
Con esta óptica hemos estado espectando pacientemente el zafarrancho producido por la autoprórroga de funciones declarada por los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y ordenada por el partido de gobierno, no siendo difícil apuntar de antemano cuál será el desenlace de esta batahola. Por lo demás, no hay necesidad de ser constitucionalista para apuntar que esa declaración del TCP es inconstitucional, todos lo saben.
Los magistrados del TCP, más allá de haber cometido una serie de delitos, (prevaricato, no haberse excusado en una causa en la que son parte interesada, haber fallado pronunciándose más allá de lo consultado, retardación de justicia, reincidencia violatoria de la Constitución, etc.,........
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