Ha pasado el Censo 2024 y más allá del plausible esfuerzo estatal, de la entrega cívica de los censistas voluntarios y de la participación del soberano (algunos a regañadientes), además de los ingeniosos memes que nos han divertido durante nuestra “detención domiciliaria” (que afortunadamente duró un día), encuentro algo que a esta altura del partido resulta imposible de esconder bajo la alfombra: la profunda desconfianza que el Estado administrado por el Gobierno inspira y merece de la ciudadanía.

Y es que los censos son prácticas habituales que se repiten cada década (en Bolivia, precisamente por la improvisación estatal demoró algo más, mediando hasta una huelga para ello), destinadas a tomar una fotografía en profundidad al estado del arte demográfico de un país, una suerte de escáner al ciudadano y a la sociedad. Hasta ahí, todo normal o hasta usual y no debiera despertar mayores suspicacias, pues, a partir de esa información, debiera entre otras diseñarse las políticas públicas, distribución de recursos, prioridades y otras cuestiones de alto vuelo político.

Sin embargo, como no había ocurrido en ninguna otra oportunidad previa, pues ya van varios realizados en Bolivia, en........

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