Las tarifas de un pase desde Marruecos a la costa de Cádiz en una goma no sólo son conocidas sino que resultan del dominio público. Así, la mercancía que se puede transportar en un solo viaje en tal tipo de embarcación posee un valor de mercado de en torno a cuatro millones de euros. De esa cantidad, el piloto de la travesía se lleva cincuenta mil euros por las dos horas y pico que dura el desplazamiento; el copiloto que en todo momento lo guía con un GPS, veinte mil; los que cargan y descargan los fardos en la playa, diez mil por barba; el encargado de trasladar la embarcación desde el escondite donde permanece oculta hasta el mar, cinco mil euros.

Los porteadores que recogen los fardos en la playa y los depositan luego en los todoterreno, tres mil euros; cada conductor de todoterreno, diez mil euros por viaje; los menores de edad encargados de vigilar los movimientos de la Policía y de la Guardia Civil desde el inicio hasta el final de la operación, 500 euros por cabeza. No existe una sola empresa en el Ibex 35 que pueda retribuir a su plantilla de dirección con cantidades que se aproximen a esas; ni una sola. Bien, pues el ministro Marlaska adoptó en 2022 la decisión de disolver la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho con el argumento oficial de que mantenerla en activo resultaba demasiado caro.

Pero el genuino problema de fondo no remite a Marlaska sino a su colega Mónica García, la ministra de Sanidad. Porque la muy evidente tolerancia social con que en España se contempla el tráfico y consumo de hachís o de marihuana, ambos legitimados culturalmente por cierta subcultura progre que asocia esas drogas a pretendidas actitudes vitales rebeldes y heterodoxas, no es ajena a la pedagogía que la señora ministra realizó al proponer, y por escrito, que se legalizara el tráfico mercantil de tales sustancias en el Parlamento de la Comunidad de Madrid. No, el problema no son solo los bárbaros que jalearon a los asesinos desde el muelle de Barbate.