Puigdemont ha abierto en canal el entramado del Estado de derecho en España. Se han evidenciado dudas de si la justicia es igual para todos los ciudadanos o si la ley se cambia cuando conviene al que tiene el poder.

Dicho lo cual, en estos momentos el problema —que según fuentes jurídicas «se ha salido de madre, mezclándose en él temas jurídicos y políticos»— se vertebra en saber si el expresidente catalán ha cometido un delito de terrorismo o no. El juez García Castellón cree que sí, pero el fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, cree que no, desmintiendo al mismo tiempo haber recibido ninguna instrucción del fiscal general del Estado —que también se llama Álvaro—, García Ortiz. Llevado el problema ante la junta de fiscales (quince en total), la mayoría decidió a favor de juzgar al fugado a Waterloo. ¿Bofetada para el Gobierno de Pedro Sánchez? No, al menos no fue un tortazo demasiado fuerte, solo incómodo. Al presidente le quedan pasos que dar y se presupone que está decidido a hacerlo.

En una clase de Derecho Procesal, los expertos explican que «cínicamente» el fiscal general del Estado tiene la última palabra en este asunto, pero en realidad no es así porque a priori, nos guste o no, la fiscalía no tiene la independencia que el ciudadano de a pie le presupone. «Y así debe de ser», porque los fiscales son el brazo del Estado, dotados de imparcialidad y legalidad para «ejecutar la política contra el crimen» y «esta la decide el Gobierno cada cuatro años», que coincide con la fecha de elecciones en las que todos votamos. Pongamos un ejemplo facilón; la fiscalía de Pontevedra, sobre un caso de venta de drogas a las puertas de un colegio, no puede actuar de distinta manera que la de Burgos. Hay unas instrucciones y unas reglas comunes que rigen la actividad y, con posterioridad, será el juez el que decidirá el caso.

Es importante, asimilar que el ministerio fiscal es el representante del Estado y de la sociedad, y, guste o no, sus actuaciones dependen de las decisiones del Gobierno. Por lo tanto, en casos tan «políticamente activos» como puede ser el de Puigdemont, el sistema se pervierte.

Será la número dos del fiscal general, María Ángeles Sánchez Conde, la que hará el último informe que, se dice en los pasillos de los juzgados, será «intermedio». Con lo cual el caso proseguirá un curso que podría equipararse a un callejón sin salida: el Supremo puede seguir con la causa, pero si no tiene un acusador (el fiscal) no habrá juicio. ¿Qué opinarán en ese momento los fiscales? En la universidad, la única salida que ven posible es que haya un acusador popular, que bien pueden ser las víctimas o un partido político. El papel de los fiscales no es fácil porque solo tienen dos salidas: obedecer o dimitir, y dimitir, ni se sabe, ni se quiere.