Pese a su rotundo éxito como sistema económico hegemónico del siglo XXI, el capitalismo no acaba de zanjar la disputa entre las doctrinas de Milton Friedman y Edward Freeman. Friedman, en su icónico artículo de The New York Times de 1970, defendía que el principal deber de las empresas es maximizar las ganancias de los accionistas, pues el éxito empresarial contribuye al bienestar social coneficiencia e innovación, relegando cualquier otra responsabilidad social al ámbito estatal. En contraposición, para Freeman el verdadero valor empresarial abarca también el bienestar de todos los grupos de interés. Según él, esta valorización integral y sostenible cimenta el éxito duradero de las empresas.

En 2019, el Business Roundtable, una influyente asociación empresarial que representa a 181 líderes empresariales de EE.UU., declaró por vez primera desde el sector privado que el propósito de las empresas trasciende la maximización del retorno a los accionistas, y también debe generar valor para clientes, empleados, proveedores y las comunidades donde operan. Cinco años más tarde, los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) usados para medir las prácticas responsables hacia el medio ambiente, los empleados y la gobernanza, se han convertido en un verdadero examen no financiero que determina, casi a la par que los estados financieros, la capacidad de financiación en los mercados. Los fondos de pensiones, los grandes fondos de inversión y los proxy advisors presionan a empresas y bancos para que se considere el impacto social y ambiental.

Este renovado paradigma afronta retos significativos. Las empresas deben encontrar un equilibrio no siempre fácil entre la búsqueda de beneficios, a veces necesaria para su supervivencia, y sus responsabilidades sociales. La preocupación por el lavado verde es notable, con críticas a la sinceridad en este campo por parte de algunas corporaciones. Y la cuestión central ha evolucionado: el debate ya no se centra en la necesidad de integrar la sostenibilidad en las prácticas corporativas, sino en cómo lograrlo y medir su impacto efectivo en los resultados. Todo ello está transformando el papel de los consejos de administración, que afrontan una creciente demanda de recursos para satisfacer un escrutinio sobre criterios ESG cada vez más exigentes.

Por otra parte, nuestros gobiernos occidentales están mutando de la recomendación a la obligatoriedad, pese a que su capacidad para apoyar a las empresas en esta transición irá menguando, en un contexto económico en que se ha de mantener el Estado de bienestar en un clima geopolítico cada vez más tenso. Además, se compite en mercados globales con empresas de países donde este tipo de exigencias son muy laxas o inexistentes.

Pese a estos desafíos, el capitalismo se orienta irreversiblemente hacia un modelo más sostenible. Y eso no solo es moralmente correcto, sino que pronto será imprescindible para tener éxito empresarial en un mercado donde consumidores y ahorradores son cada vez más éticamente exigentes. Pero este cambio precisa de la paciencia y flexibilidad del regulador si no queremos que impacte negativamente en la competitividad de sectores enteros del tejido productivo. Nos dirigimos hacia un nuevo capitalismo que debe encontrar su equilibrio entre Friedman y Freeman, combinando la creación de valor para los accionistas con un compromiso auténtico hacia la sociedad y el medio ambiente.