La peregrinación del proyecto de ley de amnistía no ha empezado con buen pie. No por la bronca entre PSOE y Partido Popular, sino por las intervenciones de los representantes del independentismo. Para que la ley cumpla su propósito de contribuir a la convivencia dentro de Catalunya y entre esta y el resto de España, es preciso que unos y otros se comporten. Puede que el Gobierno ceda a la tentación de evitar cumplir sus promesas; esa desconfianza, reconocida por el presidente del Gobierno, justifica la presencia de un mediador imparcial. Seamos modestos por una vez: no es una humillación, sino la consecuencia de nuestros malos hábitos. De unos y de otros.

¿Y los independentistas? La verdad es que no han prometido nada; incluso han insinuado que el precio por la amnistía se limitaba al apoyo en la votación de investidura. Eso sería una tomadura de pelo si la amnistía fuera un contrato, pero no lo es: es una medida de gracia, una muestra de generosidad por parte de muchos españoles, cuyo propósito es ayudar a la convivencia.

Por ello me alarma la interpretación que hizo uno de los representantes de Junts, Josep Maria Cervera, que habló de perdón y de reparación de una injusticia histórica. No se trata de eso: el perdón es cosa de los indultos. La amnistía no pretende perdonar. Tampoco pretende reparar una injusticia histórica –si no recuerdo mal, el orador aludió ¡a 1714!–. Además, no crea precedente, ni se la puede invocar en circunstancias distintas.

También me alarmó otra intervención –creo que fue la de Josep Lluís Cleries– que dejó bien claro que en ningún caso renunciarían a seguir trabajando por su objetivo último, la independencia. Pero, ¿no es de mal gusto esa afirmación cuando la independencia está expresamente excluida en la Constitución? ¿No podría el sufrido contribuyente protestar al ver que una parte de sus impuestos van a sufragar esfuerzos destinados a saltarse esa Constitución? En la calle o en casa puede uno decir lo que quiera, pero ¿en sede parlamentaria?

¿Por qué tanta alarma? Porque temo que nuestros representantes no se hacen cargo de la situación. Mucha gente en España –no solo en el PP y Vox– está indignada, no sin razón, con el asunto de la amnistía, aunque la acepten como mal menor, quizá necesario.

Muchos pensamos que la declaración de independencia fue un golpe de Estado, aunque solo durara 44 segundos, drama terminado en payasada. Muchos aceptarán mal que los catalanes vayamos además perdonándoles la vida. Los que vivimos aquí sufrimos la degradación de la convivencia. Así que por el bien de todos, independentistas y no independentistas, esperemos que estos trabajen por el buen gobierno de Catalunya y ayuden al del resto de España. Que no llamen indecentes, gratuitamente, a los magistrados del Supremo; que reserven sus soflamas para uso interno.

Gabriel Rufián, codo en atril, pregunta si estamos preparados para un referéndum de autodeterminación. Aunque este estuviera permitido por la Constitución, le aconsejaría que no lo convocase. Como decía Tarradellas, “en política se puede hacer de todo, menos el ridículo”.