La semana pasada, este diario publicó una nota en la que el Ministerio de Educación daba a conocer los datos de deserción escolar entre el año 2022 y 2023.
Antes de comentarlos, vale la pena un recordatorio. Estos datos vienen a actualizar los que se publicaron el año pasado y que impactaron fuertemente a la opinión pública. Las anteriores cifras son las siguientes: entre 2021 y 2022 hubo 50.529 estudiantes desvinculados, es decir, que estaban matriculados en 2021 y que no aparecen matriculados el año siguiente año. El guarismo representa un aumento de 24% mayor respecto del 2019, previo a la pandemia. Estos números literalmente escandalizaron al mundo educativo, porque se había previsto durante los años de pandemia que la principal consecuencia de las largas suspensiones de clases sería que cada vez más jóvenes abandonarían el sistema escolar, pero no se habían tomado medidas preventivas suficientes.
A pesar de que el ministro del momento trató de evadir el problema durante meses, la presión pública llevó al propio Presidente de la República a tomar acciones y formar una comisión de expertos que daría recomendaciones para combatir los efectos de la pandemia en el sistema educativo, poniendo una lápida al débil programa “Seamos Comunidad”, que a la fecha el Ministerio promocionaba como su principal herramienta de acción. Durante el verano pasado se relanzó el plan, fortaleciéndolo en discurso, más no en recursos.
Volvamos al presente. Pasó un año y las cifras, a pesar de los discursos ministeriales, están peor. El número de estudiantes que abandonaron el sistema escolar aumentó en 13,3%, considerando una corrección metodológica que hizo el centro de estudios de la cartera.
Por esto sorprende que, a pesar de que estamos peor, la reacción pública no haya sido la misma. En la nota de este diario, se nota el esfuerzo del Ministerio por ver el lado positivo de algunas cifras, pero eso es engañarse. Se ha reportado durante todo el año cómo la asistencia (un precursor del abandono escolar) ha ido empeorando, mostrando a partir de mediados de año cifras de inasistencia grave más altas que en 2022. Es importante, en el marco de la comunicación política, transmitir a la población y a la opinión pública la gravedad y prioridad de este asunto.
A nivel de gobierno, todavía hay tiempo de reaccionar. El proyecto de Ley de Presupuestos está entrampado por la crisis del Servicio Local de Educación de Atacama (que aún no termina, lo niños no han vuelto a clases), por lo que aún es posible que el Ministerio presente un plan de revinculación robusto que refleje en recursos la prioridad que se le da en el discurso.
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
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