“Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio” dijo hace casi dos años la entonces ministra de salud, Carolina Corcho, esbozando una estrategia para aprobar su reforma al sistema sanitario.
No importaba que ese mismo sistema que se proponía acabar hubiera sorteado exitosamente la pandemia más severa del último siglo o que estuviera ranqueado en todas las comparaciones internacionales como uno de los mejores en el hemisferio occidental.
O quizás sí importaba. Con una aprobación superior al 70% el sistema de la Ley 100 gozaba de amplio respaldo de la población. Se requería empujarlo a la crisis de manera “expresa, evidente o rotunda”, según las acepciones de la RAE, para que se crearan las condiciones propicias para una reforma integral del sistema.
Se trataba, en ultimas, de implementar en la Colombia del siglo veintiuno la vieja estrategia marxista-leninista consistente en intensificar los factores que llevan a la “situación revolucionaria” –o sea, crear o profundizar una crisis– para que la gente opte por la sublevación del orden establecido.
La clave de bóveda para generar la crisis explícita propuesta por la señora Corcho era, por supuesto, la chequera gubernamental. La mayoría de las asociaciones público-privadas para proveer bienes públicos –y el sistema de salud de la Ley 100 es un ejemplo de ellas– requieren mecanismos de cofinanciación entre el Estado y el particular. Para empujar el sistema por el abismo no había ni siquiera que cerrar el chorro de recursos; disminuirlos o demorarlos sería suficiente. La razón es la insuficiencia de la prima de aseguramiento, conocida como la UPC. Esta simplemente no alcanza para cubrir el costo de un servicio de salud universal e ilimitado como el colombiano.
El resultado fue el deterioro de los indicadores de las EPS, que actúan como aseguradoras del sistema. Menos reservas técnicas, menos patrimonio, menos caja y más quejas, tutelas y reclamos. Cuando estas llegaron a los niveles que el gobierno consideraba inaceptables, es decir materializó la crisis explícita, ¡zaz! se procedió con las intervenciones ilegales. A renglón seguido, tomado el control de estas empresas privadas, salieron los funcionarios a informarnos con cinismo escalofriante que todo se hacía para salvar el sistema.
Probada la metodología con el sistema sanitario se podría extender a otros sectores. Como las universidades privadas, que podrían ser ahorcadas apretando los giros del Icetex, o los servicios públicos, vía manipulación tarifaria. El de energía, es uno de ellos. Producto de las reformas sociales de mediados de los noventa el sistema energético colombiano es otra muy admirada alianza público-privada que ha evitado apagones durante los últimos treinta años, algo que pocos países vecinos pueden presumir.
Desde el principio del gobierno empezaron a aplicar la doctrina Corcho para crear la crisis explícita. Primero con la incompetente ministra Irene Vélez, quien pasó del anonimato al desprestigio cuando fijó como objetivo nacional el decrecimiento económico. Luego con el actual ministro, quien hace medio año respondió una carta de catorce exministros de minas y energía donde alertaban sobre un posible racionamiento energético afirmando que no había nada para preocuparse y que, de todas formas, cualquier cosa que ocurriese sería culpa del “modelo neoliberal”.
La ironía, obviamente, es que hasta el momento lo único que está evitando cortes de energía son las térmicas –cuyo “cargo por confiabilidad” es el epítome del neoliberalismo– y la entrada en operación de Ituango y El Quimbo, dos represas que se lograron construir a pesar de la oposición encarnizada de activistas que hoy forman parte de la bancada parlamentaria del Pacto Histórico.
Crisis explícita, también, la de seguridad. ¿Qué se puede esperar cuando se encierran las unidades militares y de policía en los cuarteles mientras se negocia caóticamente con cuanto delincuente aparezca? Ahora nos vienen a decir que la violencia se debe a que el proceso de paz de Santos fue un fracaso, cuando la mayoría de los indicadores de criminalidad, incluyendo masacres a líderes sociales, se incrementaron en este gobierno. Ante esta realidad, en vez de acotar las conversaciones, la solución es la opuesta: la promoción de iniciativas tan repugnantes como el proyecto de ley que busca otorgarle al presidente la facultad de perdonar delitos. Como si fuera una versión moderna de Nerón levantando o agachando el dedo para demostrar potestad divina.
Crear o desatender una crisis por acción u omisión para lograr objetivos políticos es inmoral. Peor aún será cuando la convergencia de estas crisis manufacturadas desde el gobierno le den el pretexto para declarar un estado de emergencia. Dirá el presidente, como ya lo ha dicho, que el sistema político esta “bloqueado” y que las reformas necesarias para atender las emergencias inducidas –sea el apagón, la paz, los servicios médicos o cualquier otra que logren confeccionar– solo se pueden lograr mediante una constituyente popular.
Desde estas páginas hace meses advertimos de la posibilidad: alguna excusa encontraría Petro para legitimar un mecanismo que le permitiera (i) gobernar a su antojo y (ii) prolongar el mandato. Ya tenemos a los supuestos “cabildos constituyentes” deliberando con tres gatos en universidades, veredas y fábricas. Ahora lo que falta es el decreto-ley que convoque la asamblea constituyente pasándose por la faja al congreso. Dirán los representantes del idiota-utilismo que no hay nada de qué preocuparse, que la corte constitucional se encargará de despachar el engendro. Pero no. Sí debemos preocuparnos. Además de algunos cómplices activos, la alta corporación parece una estación espacial, llena de astronautas que flotan en el éter sin saber en qué lugar del universo se encuentran.
Sería el colmo de la ingenuidad que, sabiendo de las intenciones gubernamentales, los jueces premien el prevaricato en ciernes otorgándole al presidente más herramientas para continuar con su demolición institucional, incluyendo la de ellos mismos.
Estamos alertados sobre los designios autocráticos de este gobierno. Ignorarlos sería una irresponsabilidad imperdonable.
Como en el poema de Brecht, primero vinieron por las EPS, pero como yo no era una EPS no me importó. Después se llevaron a las electrificadoras, pero como yo no era electrificadora no me importó. Luego se llevaron a las universidades privadas, pero como yo no era universidad privada tampoco me importó. Mas tarde se llevaron a los bancos, pero como yo no era banco tampoco me importó. Después siguieron con las cooperativas, pero como yo no era cooperativa, tampoco me importó.
Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde.
Crisis explícita
8
1
20.04.2024
“Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio” dijo hace casi dos años la entonces ministra de salud, Carolina Corcho, esbozando una estrategia para aprobar su reforma al sistema sanitario.
No importaba que ese mismo sistema que se proponía acabar hubiera sorteado exitosamente la pandemia más severa del último siglo o que estuviera ranqueado en todas las comparaciones internacionales como uno de los mejores en el hemisferio occidental.
O quizás sí importaba. Con una aprobación superior al 70% el sistema de la Ley 100 gozaba de amplio respaldo de la población. Se requería empujarlo a la crisis de manera “expresa, evidente o rotunda”, según las acepciones de la RAE, para que se crearan las condiciones propicias para una reforma integral del sistema.
Se trataba, en ultimas, de implementar en la Colombia del siglo veintiuno la vieja estrategia marxista-leninista consistente en intensificar los factores que llevan a la “situación revolucionaria” –o sea, crear o profundizar una crisis– para que la gente opte por la sublevación del orden establecido.
La clave de bóveda para generar la crisis explícita propuesta por la señora Corcho era, por supuesto, la chequera gubernamental. La mayoría de las asociaciones público-privadas para proveer bienes públicos –y el sistema de salud de la Ley 100 es un ejemplo de ellas– requieren mecanismos de cofinanciación entre el Estado y el particular. Para empujar el sistema por el abismo no había ni siquiera que cerrar el chorro de recursos; disminuirlos o demorarlos sería suficiente. La razón es la insuficiencia de la prima de aseguramiento, conocida como la UPC.........
© La Silla Vacía
visit website
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Belen Fernandez
Andrew Mitrovica
Mort Laitner
Rami G Khouri
Ali Fathollah-Nejad
Nikkei Editorial
