En forma condenable, el presidente Gustavo Petro convocó a sus seguidores a exigir a la Corte Suprema de Justicia elegir Fiscal General ya. La manifestación se tornó violenta lo cual la convirtió en una presión inaceptable contra el poder judicial, a pesar de lo cual Petro consiguió una especie de inmunidad expresada casi unánimemente: “nadie lo va a tumbar”.

Eso era lo que él quería oír, incluso más que la elección de una nueva fiscal. El presidente tiene una preocupación, fundada en mi opinión, que dado su precario apoyo en el Congreso, la mayoría, en algún momento, le resulte adversa y promueva un “juicio político” que lo quiera sacar anticipadamente del poder. Lo ha repetido desde el primer día. Por eso, cuando nadie apoyaba al expresidente peruano Pedro Castillo, él se ponía del lado del mandatario destituido. El análisis de esa historia está aquí.

La preocupación del presidente está exacerbada porque han aparecido evidencias de posible financiación irregular de su campaña y de haberse violado el tope máximo de gastos fijado por la ley, cuya consecuencia es penal, en cabeza del candidato sumado a la amenaza del, por fortuna, ahora ex fiscal Francisco Barbosa, de querer formalizar una denuncia ante la Cámara de Representantes contra Petro por esos hechos.

Petro, como suelen aconsejar los asesores de comunicación estratégica, se anticipó. Denunció las intenciones del Fiscal, las convirtió en un intento de golpe de Estado y consiguió que, desde casi todos los sectores, e incluso el propio Barbosa, dijeran que no, que nadie quiere tumbarlo. En Colombia “se respetan los períodos”, dijo el ex fiscal.

Fue curioso porque incluso algunos congresistas del Centro Democrático que ya han denunciado a Petro ante la Comisión de Acusaciones se sumaron a las voces dirigidas a tranquilizar al presidente: Colombia es un país que respeta las instituciones y etc.

Petro despertó el temor colombiano de una posible caída del presidente, raro porque aquí prácticamente no ha ocurrido en los últimos cien años. Consiguió incluso el apoyo de sus contradictores, quienes “decretaron”, al menos por ahora, digo yo, una especie de inmunidad presidencial.

Ya Petro había conseguido evitar que Barbosa hiciera, antes de dejar la Fiscalía, lo que anunciaba en conversaciones privadas a periodistas y a algunos magistrados de la Corte que haría: denunciarlo en la Cámara con pruebas nuevas que surgirían de una nueva imputación contra el hijo del presidente buscando que este revelara irregularidades en la financiación de la campaña conocidas y aceptadas por el candidato y con la evidencia del aporte hecho por Fecode al partido Colombia Humana.

La conversación se tornó tan ruidosa que resultó imposible saber si quienes afirmaban que al presidente nadie lo quieren sacar es que no saben que una denuncia ante la Comisión de Acusaciones lo que busca es que, después de un proceso, el Senado tome la decisión de apartarlo del cargo, o si es que creen que la campaña cumplió las disposiciones legales de la financiación o si, como muchos lo dijeron casi resignadamente, es que el procedimiento es tan complejo que “no pasa nada”.

De cualquier manera, era difícil entender cómo quienes afirman con toda convicción que en la campaña Petro se cometieron todo tipo de ilegalidades, que las va a contar algún día Armando Benedetti, o el hijo del presidente, o que están ya probadas con las investigaciones periodísticas y con los hallazgos de la Fiscalía afirman al mismo tiempo, con toda seguridad, que nadie lo quiere tumbar. Entre estos cogió fuerza la idea de que no es que lo quieran tumbar, sino que se está cayendo solo.

Llama la atención el tabú de la estabilidad presidencial. Ese se ha convertido en un valor del sistema político colombiano, que no comparte con buena parte de los países de Latinoamérica, tal vez solo con México. En todo el cono sur hubo dictaduras militares y después del regreso de la democracia también ha habido varios casos de presidentes que son removidos de sus cargos por el Congreso mediante el mecanismo del “juicio político” que es, sin duda, una espada de Damocles que pende sobre los presidentes latinoamericanos en el siglo XXI.

Hay ya una profusa producción académica que documenta el tema y muestra como la estabilidad propia de los regímenes presidenciales ha dejado de ser un valor y, digo yo, al contrario, el “juicio político” ha permitido salidas institucionales a crisis políticas profundas derivadas de bloqueos, escándalos políticos o simplemente de condiciones de ingobernabilidad. El libro del profesor Anibal Pérez Liñan sobre el tema es una buena referencia.

La aguda controversia generada alrededor de la elección del Fiscal, en tanto éste parecía ser el instrumento que activaría el riesgo al que tanto le teme el presidente, terminó en la notificación a Petro de que esté tranquilo. Sus propios contradictores han declarado que los escándalos que han rodeado al gobierno y a la propia familia presidencial no lo llevarán a dejar el cargo anticipadamente.

Colombia comparte con los demás países de América Latina el desprestigio de las instituciones, la fragmentación política que dificulta la conformación de coaliciones mayoritarias de gobierno, los escándalos alrededor de los gobernantes con la facultad otorgada al Congreso de adelantar, en determinadas circunstancias, casi siempre ambiguas, un juicio político contra el presidente. Ese mecanismo lo han usado en tiempos relativamente recientes casi una decena de países de la región pero en Colombia parece impensable.

Petro echó a andar, esta vez, la recomendación que le hacía públicamente a Castillo, la de movilizar sus organizaciones de apoyo un camino peligroso que ya mostró los riesgos. Así como quienes le temen al gobierno deben confiar en el sistema de controles, el presidente tiene el deber de confiar en la estabilidad institucional. Al anunciar rompimientos solo usa la misma exageración que sus contradictores usan para deteriorar su apoyo, ponerlo a tambalear, pero según dicen, sin intención de que se caiga.

QOSHE - El tabú de la (In)estabilidad presidencial - Héctor Riveros
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El tabú de la (In)estabilidad presidencial

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18.02.2024

En forma condenable, el presidente Gustavo Petro convocó a sus seguidores a exigir a la Corte Suprema de Justicia elegir Fiscal General ya. La manifestación se tornó violenta lo cual la convirtió en una presión inaceptable contra el poder judicial, a pesar de lo cual Petro consiguió una especie de inmunidad expresada casi unánimemente: “nadie lo va a tumbar”.

Eso era lo que él quería oír, incluso más que la elección de una nueva fiscal. El presidente tiene una preocupación, fundada en mi opinión, que dado su precario apoyo en el Congreso, la mayoría, en algún momento, le resulte adversa y promueva un “juicio político” que lo quiera sacar anticipadamente del poder. Lo ha repetido desde el primer día. Por eso, cuando nadie apoyaba al expresidente peruano Pedro Castillo, él se ponía del lado del mandatario destituido. El análisis de esa historia está aquí.

La preocupación del presidente está exacerbada porque han aparecido evidencias de posible financiación irregular de su campaña y de haberse violado el tope máximo de gastos fijado por la ley, cuya consecuencia es penal, en cabeza del candidato sumado a la amenaza del, por fortuna, ahora ex fiscal Francisco Barbosa, de querer formalizar una denuncia ante la Cámara de Representantes contra Petro por esos hechos.

Petro, como suelen aconsejar los asesores de comunicación estratégica, se anticipó. Denunció las intenciones del Fiscal, las convirtió en un intento de golpe de Estado y consiguió que, desde casi todos los sectores, e........

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