El próximo jueves la Corte Suprema de Justicia volverá a votar para elegir Fiscal General de la Nación. Cualquiera sea el resultado, que ojalá sea el de alguna elegida, muchos quedarán insatisfechos. Cuando haya elección, quien ocupe el cargo volverá a quedar con un pecado de origen: su postulación por el Presidente de la República. Esa fórmula, conceptualmente razonable, no resiste más en Colombia.
En la Asamblea Nacional Constituyente se discutió mucho sobre la fórmula de elección del Fiscal y se llegó a la terna presentada por el Presidente y la elección por la Corte Suprema de Justicia como una manera de responder a la mezcla que se había adoptado de tener un órgano que debía ser ejecutor de una política criminal liderada por el ejecutivo y una entidad perteneciente al poder judicial.
El ejemplo de los Estados Unidos, de donde, de alguna manera, se copiaba la figura, daba razones suficientes para creer que el presidente debía participar en la escogencia, pero eso salió mal. El cálculo falló porque nadie avizoró que la tarea más visible de la fiscalía sería el combate contra la corrupción política y el abuso del poder y no contra lo que llamaríamos en términos genéricos la criminalidad. Siendo así, la postulación presidencial llena de sospechas la acción del fiscal.
El centro del debate actual es si quien llegue a la Fiscalía va a continuar con rigor las investigaciones que se adelantan contra el hijo del presidente y las demás relacionadas con posible violación de las reglas de financiación de la campaña presidencial. Petro intentó enviar una terna integrada por personas que no fueran cercanas a él, pero el ambiente se fue enrareciendo y las sospechas ya marcaron a la candidata favorita.
“Debe dar garantía de independencia” es la exigencia que se le hace a la candidata por las posturas políticas de su esposo y por sus vínculos contractuales con la alcaldía de Bogotá, cuando Petro era alcalde. Esa exigencia suena extraña en un país en el que buena parte de los fiscales han salido de los despachos gubernamentales, incluso de la oficina vecina a la del Presidente, pero, dados los casos que están en esa entidad la exigencia parece razonable aunque incumplible mientras sea el presidente el que postula.
La Fiscalía tiene pendiente además un posible llamamiento a juicio en contra del ex presidente Álvaro Uribe y el papel de acusador en el juicio que se sigue contra Oscar Iván Zuluaga, ex candidato presidencial del Centro Democrático y asuntos sin cerrar por financiación ilegal de la campaña de Juan Manuel Santos, miles de casos contra alcaldes y gobernadores, algunos contra ex ministros, centenares que se relacionan con casos que salpican a congresistas y varios, como el del DPS, durante el gobierno del ex presidente Duque. Con esa tarea la intervención presidencial resulta francamente inconveniente.
A mi juicio, hay que eliminar la postulación por parte del presidente, aunque otros creen, con buenas razones que lo que se debiera suprimir es la elección por parte de la Corte. Mientras la Fiscalía pertenezca a la rama judicial y parte principal de su oficio sea judicializar los escándalos políticos no se me ocurre una fórmula mejor que mantener en la Corte la elección del fiscal. Ya cuando se tramitó la denominada reforma de equilibrio de poderes se exploraron fórmulas y no se encontró una mejor.
La elección del fiscal tiene otro problema, incluso más complejo para la operación de la entidad, que es el perfil profesional que se recomienda para ocupar el cargo. Llevamos treinta años preguntándonos si debe ser un penalista avezado, como pareció entender Petro por las hojas de vida de las candidatas que postuló, si debe ser alguien con habilidades -llamémoslas- políticas por la vocería y el relacionamiento con otros poderes, o si debe ser un gran gerente que administra un presupuesto enorme y dirige una de las “empresas” con mayor número de empleados en el país.
El fiscal directamente no investiga nada, ni adopta decisiones judiciales, eso ha permitido sostener la artificial tesis de que los fiscales son independientes y que el Fiscal General no se debe declarar impedido, cuando evidentemente está incurso en algunas de las causales de impedimento como ha ocurrido ya varias veces. Eso haría menos necesario que fuera un abogado penalista experto.
El senador Humberto De la Calle ha reabierto la discusión de si el sistema acusatorio debería dirigirse solo contra la criminalidad organizada, dada la evidencia de su fracaso con los delitos “menores” o incidentales a pesar de tener un aparato pesado que termina duplicando algunas tareas con los jueces de la causa.
La experiencia con la mayoría de los fiscales, no tanto con la Fiscalía, ha sido mala, no solo por las razones señaladas sino porque su diseño es como el ejemplo de lo que los expertos dicen que no se debe hacer: acumular mucho poder sin controles eficaces.
Los fiscales sienten que no tienen límites, ni menos controles. Se saben tan dueños de un enorme poder intimidatorio que en el ejercicio de su cargo se comportan abusivamente de manera desafiante y abierta como lo hicieron Montealegre y ahora Barbosa.
Por las mismas razones: la acumulación de poder, los temas con efectos políticos a su cargo, la falta de buenas ideas para mejorar los problemas, la posibilidad de una reforma en el corto plazo es remota y siempre inconveniente.
Ya hay varias ideas en la Comisión de reforma a la justicia que creó el gobierno, cualquiera de ellas que éste impulse va a ser vista con sospecha y seguramente no tendrá el apoyo político necesario para ser aprobada en el Congreso. Seguiremos por tanto en el mismo debate de siempre y con la misma realidad de siempre: una impunidad vergonzosa.
El encarte de la elección del Fiscal General
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02.03.2024
El próximo jueves la Corte Suprema de Justicia volverá a votar para elegir Fiscal General de la Nación. Cualquiera sea el resultado, que ojalá sea el de alguna elegida, muchos quedarán insatisfechos. Cuando haya elección, quien ocupe el cargo volverá a quedar con un pecado de origen: su postulación por el Presidente de la República. Esa fórmula, conceptualmente razonable, no resiste más en Colombia.
En la Asamblea Nacional Constituyente se discutió mucho sobre la fórmula de elección del Fiscal y se llegó a la terna presentada por el Presidente y la elección por la Corte Suprema de Justicia como una manera de responder a la mezcla que se había adoptado de tener un órgano que debía ser ejecutor de una política criminal liderada por el ejecutivo y una entidad perteneciente al poder judicial.
El ejemplo de los Estados Unidos, de donde, de alguna manera, se copiaba la figura, daba razones suficientes para creer que el presidente debía participar en la escogencia, pero eso salió mal. El cálculo falló porque nadie avizoró que la tarea más visible de la fiscalía sería el combate contra la corrupción política y el abuso del poder y no contra lo que llamaríamos en términos genéricos la criminalidad. Siendo así, la postulación presidencial llena de sospechas la acción del fiscal.
El centro del debate actual es si quien llegue a la Fiscalía va a continuar con rigor las investigaciones que se adelantan contra........
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