El presidente Petro puso en los hombros del movimiento social la responsabilidad de impulsar su constituyente. Luego de proponer la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, la figura legal más exigente para reformar la Constitución, Petro matizó su idea mostrando que su propósito es la agitación social. Les pidió a las organizaciones populares movilizarse, convertirse en “poder constituyente” y proponer reformas constitucionales alineadas con su programa de gobierno.
El movimiento social está masticando las ideas de Petro y sigue firme con su gobierno, pero es cauto con la constituyente. Sus líderes comparten la idea de que, ante una eventual caída de las reformas en el Congreso, el gobierno debe buscar ideas más audaces para sacar adelante su programa. Pero dudan de tener la misma fuerza que mostraron en el paro nacional del 2019 y 2021, las multitudinarias marchas contra el gobierno Duque que facilitaron la llegada de la izquierda al poder.
También temen que una constituyente se les salga de las manos y pierdan derechos sociales que han conquistado bajo la Constitución del 91. “La pregunta es si tenemos las mayorías para avanzar en nuestros derechos. Porque puede haber un retroceso. La derecha nos puede ganar”, dice Sol Ángel Murillo, un líder de Buenaventura del Proceso de Comunidades Negras, una de las organizaciones afro más fuertes del país.
El lunes, se convocó en Bogotá la Coordinadora Nacional para el Cambio. Es la organización heredera del Comité del Paro, el grupo de delegados que fueron nombrados para negociar con el gobierno Duque en el 2021. En esta, además de los principales sindicatos y organizaciones estudiantiles, están los líderes de las juntas de acción comunal y las organizaciones campesinas, negras e indígenas afines al gobierno Petro.
Sus delegados acordaron dos grandes movilizaciones en fechas emblemáticas. La primera es el 9 de abril, cuando se conmemora el aniversario por el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán y el Día de las Víctimas del conflicto armado. Y la segunda es el 1 de mayo, el Día internacional de los trabajadores. Para este día, el año pasado, el presidente dio un balconazo desde la Plaza de Armas, en el centro de Bogotá.
La fuerza popular del gobierno tiene dos grandes brazos. Uno es el brazo sindical, agrupado en el Comando Nacional Unitario, que reúne a las tres principales confederaciones de sindicatos: la CTC, la CGT y la CUT, a la que pertenece Fecode, el poderoso sindicato de profesores.
“El presidente está en el gobierno, pero no en el poder. Debe gobernar en medio de poderes fácticos que están en su contra, como una parte de la justicia, de los organismos de control y del empresariado. Nosotros seguiremos respaldando la agenda del cambio”, dice Ever Dorado, secretario general de la CUT, quien fue directivo de Fecode y es cercano a su junta.
Los sindicatos han sido claves para organizar las marchas progobierno. Sobre todo en las principales ciudades, como Bogotá, Cali y Medellín, donde tienen sus bases tradicionales. Fecode fue la principal organización que impulsó las marchas del 8F, que terminaron en un “asedio violento” a la Corte Suprema de Justicia, como lo calificó su presidente, Gerson Chaverra.
“Este gobierno es resultado de la movilización popular. El papel de los sindicatos es converger con el resto del movimiento social para impulsar cambios materiales en las demandas históricas de los trabajadores y el cumplimiento del pliego del paro nacional”, dice Percy Oyola, presidente de la CGT.
El segundo brazo de la fuerza popular es el de las organizaciones campesinas, negras e indígenas.
De este brazo, los indígenas son los que cuentan con las organizaciones más grandes, como la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Las dos tienen asiento en la Coordinadora y su capacidad de movilización es fuerte en regiones claves para el petrismo, como el suroccidente del país.“Si nosotros queremos una reforma amplia, debemos organizarnos. Los indígenas somos uno de los sectores más organizados. Por eso la minga y nuestras movilizaciones han funcionado históricamente”, dice Jaime Collazos, un líder indígena Nasa que pertenece a la Cric.
No en vano Petro lanzó su idea sobre la constituyente desde Cali y frente a la minga indígena, quienes llegaron a la ciudad para encontrarse con el presidente y su gabinete. Sin embargo, pese al simbolismo de que lo haya hecho desde Puerto Resistencia, el monumento del paro nacional, las organizaciones sociales saben que no están en la ebullición de noviembre del 2019.
Si Petro busca que la movilización popular sea el principal vehículo de su constituyente, el movimiento social cree que su gasolina no es suficiente. Tres razones explican esto.
La primera, las dudas sobre una capacidad de movilización similar a la del paro nacional, cuando el país vivió un ambiente reformista que desembocó en el triunfo de Petro. El movimiento social atiende al llamado de Petro sin el cóctel social y político que precedieron las marchas del paro.
“El estallido social fue producto de muchos factores. Entre ellos, la violencia contra las comunidades, los reclamos de los estudiantes y los cuestionamientos a las políticas económicas del gobierno Duque. Hoy no están esos ingredientes”, dice Diana Jembuel, periodista misak del Cabildo Indígena de Guambía.
También se movilizan sin tener claro su capacidad para sumar a las clases medias no organizadas, claves para el éxito del paro contra Duque, y con la oposición de derecha demostrando que tienen mayor poder de convocatoria en la calle.
La llegada de Petro al poder también le baja el furor por la protesta a sectores que antes se sentían marginados. Un sector del movimiento estudiantil, por ejemplo, está respaldando al gobierno. De hecho, la semana pasada, el presidente dio un discurso en la Universidad Nacional de Bogotá, algo impensado durante otros gobiernos. Por esto, ante la sintonía con Petro y la prevención de los estudiantes en acompañar campañas institucionales, es difícil contar con los jóvenes en las calles.
“El movimiento estudiantil es contestatario por naturaleza. Le cuesta alinearse con una estructura de poder. Es evidente que en un sector del estudiantado existe una mayor afinidad con este gobierno, pero no somos un sector efectivo para apoyar al poder”, dice Ronald Vargas, un reconocido líder estudiantil de la Nacional.
La segunda razón para la cautela con la constituyente es el riesgo de perderlo todo por ganar un poco. Murillo, el líder del Proceso de Comunidades Negras, explica que, gracias a la Constitución del 91, se han podido desarrollar normas como la Ley 70 de 1993. Esta legislación reconoce las tierras baldías ocupadas por las comunidades negras. “Es cierto, como dice el presidente, que las élites en Colombia nunca han pensado un país para todos, pero la Constitución sigue siendo un instrumento para hacer grandes cambios”.
Murillo reconoce, además, que es posible que las fuerzas afines a Petro no logren una mayoría en una eventual constituyente. “El establecimiento puede ganar para hacer una constitución a su medida”, dice. Hoy, por ejemplo, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, le cogió la caña a Petro y dijo que iba a sumarse a su idea de impulsar una asamblea constituyente a manera de reto. Vargas es uno de los críticos más vocales de las consultas previas para los grandes proyectos de infraestructura.
La tercera razón para la cautela es que la idea de Petro tomó por sorpresa a buena parte del movimiento social, concentrado en impulsar sus propias agendas dentro del gobierno. “Nosotros apenas nos vamos a reunir para valorar el hecho político que implica proponer una constituyente”, dice Dorado, secretario general de la CUT. Dorado asegura que los grandes sindicatos están concentrados en promover las reformas pensional y laboral, de las que sus afiliados se benefician. “Cada día tiene su afán. Las reformas que estamos proponiendo están bajo el marco de la Constitución del 91”.
Otros sindicatos, como el de los trabajadores de Emcali, el grupo de empresas públicas de Cali, tiene sus energías en la reforma de la ley de servicios públicos y en impulsar cambios al interior de una compañía pública con muchos problemas. “Es una reforma que se centra en los usuarios y fortalece las empresas públicas. Estamos acompañando todo el proceso. Y siendo el contrapeso de Andesco, el gremio que se opone a los cambios”, dice Jhoni Trejos, dirigente de Sintraemcali, una organización en la que sigue siendo influyente el exsenador del Polo, Alexander López, actual director del DNP.
O las juntas de acción comunal, agremiadas en la Confederación Nacional de Acción Comunal, que están a la expectativa de que el gobierno Petro cumpla con la promesa de convertir esas organizaciones locales en contratistas de obras públicas. “La burocracia media en los municipios no ha permitido que la idea del presidente avance. Estamos compitiendo contra esquemas corruptos de contratación en la construcción de placa huellas o contratos de alimentación, de los nos podemos encargar”, dice Guillermo Cardona, presidente de la confederación.
“La audacia funciona en Colombia”, dijo Petro desde Córdoba al referirse a la constituyente que propuso. Por ahora los llamados a impulsarla se congregan, pero sin la misma temeridad del presidente.
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