En poco más de un año, el gobierno de Gustavo Petro logró tapar la mitad del enorme hueco que le dejó Iván Duque con los subsidios a los combustibles. En medio de su debilidad política, Duque congeló los precios de la gasolina y el Acpm, y le entregó a Petro una deuda que llegó a los 36 billones de pesos. Petro ya la bajó a la mitad, quitándole todos los subsidios a la gasolina en 2023, en contra de las turbulencias políticas que implica una decisión profundamente impopular.
Pero queda la mitad del trabajo: el subsidio al diésel, que en 2023 costó 15,2 billones. En diciembre del 2023, el Ministerio de Hacienda se echó para atrás en su objetivo de aumentar su precio. Pero este miércoles, la mesa técnica sobre el precio del diésel vuelve a activarse. La expectativa es que MinHacienda lleve una propuesta arriesgada. Un miembro del equipo negociador del gobierno le dijo a La Silla que la idea es proponer un aumento de 7 mil pesos a lo largo del año.
“No es una decisión tomada. Es un techo para iniciar el diálogo. Los tiempos del aumento también están en negociación”, dice el miembro del equipo negociador del gobierno, quien pidió la reserva de su nombre por no ser su vocero.
Insistir en el aumento del diésel es la gran bandera ambiental del gobierno. En términos de disciplina fiscal, deja un legado enorme, liberando billones de pesos de las ganancias de Ecopetrol con las que se pagaba el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc). Con el aumento de la gasolina, el gobierno Petro le ahorró más de 15 billones de pesos a los contribuyentes entre 2022 y 2023. Y la postura que llevará a la mesa con los transportadores muestra que sigue interesado en acabar, con más cuidado, unos subsidios cuyo intento de desmonte en otros países han hecho tambalear presidentes.
Los transportadores tienen de su lado el tiempo. Mientras no haya acuerdo, el precio del diésel seguirá congelado en $9.065, su promedio en las 13 principales ciudades del país. Del lado del gobierno esperan que el miércoles haya, por fin, un acuerdo tras más de 10 meses de negociaciones.
El equipo negociador del gobierno aterriza en la mesa con la idea de cerrar un acuerdo con los gremios transportadores. “Hemos discutido y nos hemos conocido mucho. Ya hemos presentado todos los datos. La idea es cerrar con un acuerdo”, le dijo a La Silla la viceministra María Fernanda Valdés, quien participa de la mesa técnica sobre el precio del diésel.
Con el aumento del diésel, el gobierno busca seguir cerrando el hueco en las finanzas públicas del Fondo de Estabilización de Precios para los Combustibles (Fepc), una plata con la que el gobierno subsidia los combustibles y los mantiene más baratos para los usuarios en Colombia. El gobierno Petro se la jugó por cerrarlo, aumentando los precios de la gasolina.
Según datos del gobierno, del 2022 al 2023 el déficit del Fondo pasó de 36,7 billones de pesos a 20,5 billones. La factura sigue siendo más del doble que todo el presupuesto anual de la Alcaldía de Medellín. Esta reducción ha sido la principal apuesta del gobierno Petro por mantener la disciplina fiscal. También ha sido coherente con su idea de desestimular el uso de combustibles fósiles. De esos 20,5 billones, 15 son generados por el subsidio al diésel.
El miércoles, los transportadores esperan que el gobierno destape sus cartas y muestre con claridad su plan para subir el precio de este combustible. “Estamos justos de tiempo si queremos empezar a hacerlo en marzo. Por temas legales, tenemos las últimas semanas de febrero para publicar el decreto, recibir comentarios y promulgarlo. Si no logramos un acuerdo seguramente nos iremos hasta abril”, dice el miembro del equipo negociador del gobierno, quien pidió la reserva de su nombre por no ser su vocero.
Sobre la mesa de negociación está la propuesta de los transportadores para hacer un leve incremento al precio del diésel.
Los gremios que los representan lo llaman “Precio Colombia”. Consiste en que la fórmula con la que se fija el precio del diésel tenga en cuenta dos cosas. Uno, el costo real de Ecopetrol para producir un galón de este combustible. Y dos, sumarle un margen de ganancia que le permita a Ecopetrol tener plata para cumplir con su plan de inversión. Con esto, los transportadores quieren evitar que el precio del diésel esté atado al precio internacional del petróleo, tal como lo quiere el gobierno y como ya está sucediendo con la gasolina.
“Ellos no están de acuerdo. Nos han presentado un montón de argumentos para decir que no es posible. Por eso estamos esperando su contrapropuesta. Pero por ahora no tenemos claridad sobre sus intenciones y objetivos”, dice Nidia Hernández, presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), quien participa en las mesas técnicas instaladas por el gobierno.
En el equipo técnico del equipo del gobierno aseguran que el “Precio Colombia” propuesto por los transportadores es inviable. “Todo lo que sea estar por debajo del precio internacional del petróleo, es seguir manteniendo el subsidio”, dice un funcionario técnico de MinHacienda, quien pidió la reserva de su nombre por no ser un vocero autorizado.
“Nuestros cálculos, si seguimos la idea del “Precio Colombia”, es que el aumento sería sólo de $1.700”, agrega otro miembro del equipo negociador del gobierno.
El ministro Bonilla se ha mostrado públicamente más prudente y reservado a la hora de encarar un nuevo pulso con los transportadores. El viraje de Bonilla ha contrastado con su firmeza inicial para empezar a subir los precios de la gasolina y luego empezar, de inmediato, con el diésel.
El pasado viernes, en una rueda de prensa, negó que MinHacienda esté preparando un decreto para hacer la subida del precio del diésel en marzo. “Sobre todo nos interesa llegar a un plan para sustituir el parque automotor”, le dijo el ministro a La Silla. “Con el subsidio que el gobierno ha entregado para el diésel, los transportadores ya hubieran podido cambiar sus vehículos”, agregó a propósito de su idea de acordar un plan para sustituir los camiones que utilizan diésel en el país.
Los persistentes nubarrones de la economía colombiana también le dan aire a la prudencia de Bonilla. “El diésel es más crítico porque tiene efectos inflacionarios. Es un combustible que sirve como insumo de producción. Nos estamos metiendo con un insumo que utiliza toda la economía”, dice un funcionario técnico de MinHacienda con conocimiento de las discusiones en la mesa técnica del diésel, quien pidió la reserva de su nombre. “Con una inflación todavía alta, hay que tener cuidado”, agrega.
En enero, la inflación en Colombia cerró en 8,5%. El dato completó 10 meses consecutivos de una lenta, pero continua, desaceleración del aumento de los precios. Sin embargo, la cifra sigue siendo más alta que la de países latinoamericanos como Chile y México. También está lejos de la meta del 3% del Banco de la República.
Por esta razón, un aumento del precio del diésel, con sus efectos a corto plazo en sectores como los alimentos y la construcción, supone para el gobierno el reto de encontrar el mejor equilibrio para seguir cerrando el millonario hueco del Fondo de Estabilización.
Los gremios transportadores saben que este complicado equilibrismo juega a su favor en la mesa de negociación. “Cuando hablamos del diésel no estamos hablando únicamente de los transportadores. Estamos hablando de la economía de todos los colombianos. Y los riesgos son mayores si observamos el bajo crecimiento del país”, dice Henry Cárdenas, presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga (Fedetranscarga), también con asiento en la mesa técnica sobre el precio del diésel.
Cárdenas se refiere a la decepcionante cifra de crecimiento económico de la economía colombiana en el 2023 (0,6%). El dato estuvo por debajo de las expectativas de MinHacienda (1,2%). En lo que va del siglo, exceptuando el año de la pandemia, esta desaceleración sólo es equiparable a la que tuvo el país en 2009 tras la crisis financiera global en Estados Unidos y Europa. La construcción (-4,2%), la industria manufacturera (-3,5%) y el comercio (-2,8) fueron los sectores que más se desplomaron.
En todo caso, el equipo negociador del gobierno es consciente que insistir en el desmonte de los subsidios a los combustibles será uno de los mayores legados de Petro en términos de disciplina fiscal e impacto medioambiental.
Pero los tiempos de los transportadores son otros. “Entre más se demore el acuerdo, mejor para nosotros”, dice Cárdenas, uno de los representantes de los transportadores.
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