El pasado 17 de noviembre, Bolivia junto a Sudáfrica, Bangladés, Comoras y Djibouti, presentaron ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud para investigar cuál es la situación en los territorios palestinos ocupados, como afirmó el fiscal de este tribunal, Karim Khan, anunciando que “su mandato se aplica a presuntos crímenes cometidos durante la guerra actual”. Sin embargo, los equipos del tribunal no pudieron entrar en la Franja de Gaza ni en Israel, sobre todo porque este último no es miembro de la CPI, subrayando en un comunicado que su oficina “recibió la remisión y actualmente está investigando la situación”.
El Gobierno boliviano había presentado esta solicitud junto con otros Estados “que comparten las mismas preocupaciones”, para que este tribunal preste “atención urgente a la situación actual en vista de su gravedad” y alentando a otros Estados, partes del Estatuto de Roma, “a unirse a la remisión o a proporcionar remisiones separadas de forma independiente”.
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Los esfuerzos del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia son una expresión de la conciencia humana, una victoria para las víctimas y una protesta contra las complejas violaciones de los principios de derechos humanos por parte del Estado ocupante, con una superposición entre el castigo colectivo, la limpieza étnica, el desplazamiento y los peligros de la violencia forzada.
Estos esfuerzos son una expresión de la voz de millones de personas que salieron a las calles de las principales capitales y ciudades del mundo en rechazo a las atrocidades y crímenes de guerra practicados por la máquina de destrucción y agresión de ocupación contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Es importante que estos esfuerzos sean parte de un enfoque continuo dentro del marco de la legítima lucha legal y de derechos humanos para que el Estado ocupante no logre escapar al castigo.
El 29 de diciembre de 2023, el gobierno sudafricano presentó una nueva demanda ante otro tribunal, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en relación a las violaciones por parte de Israel a sus obligaciones sobre la Convención sobre el Genocidio con el pueblo palestino en la Franja de Gaza.
El 7 de enero de 2024, El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia valoró esta histórica acción emprendida por la República de Sudáfrica porque está comprometida con la paz y la justicia y es signataria de la Convención sobre el Genocidio, reconociendo que Sudáfrica dio un paso histórico en la defensa del pueblo palestino y considerando que dicho liderazgo y esfuerzo deberían ser acompañados por la comunidad internacional que clama por el respeto a la vida, considerando que el informe elaborado por Naciones Unidas reporta que más de 23.000 personas han sido asesinadas desde el 7 de octubre de 2023, en su mayoría niños y mujeres, dando cuenta del accionar inhumano del Estado de Israel.
En su demanda, Sudáfrica afirmó que Israel “desde que lanzó su ofensiva contra Gaza en octubre, ha participado, está practicando y corre el riesgo de seguir participando en actos de genocidio con el objetivo de destruir a los palestinos de Gaza que forman parte del grupo nacional, racial y étnico más grande del pueblo palestino”.
Sudáfrica ha confirmado que la acusación de Israel está justificada porque esta “intención clara fue expresada en los niveles más altos del Estado por el presidente israelí, el primer ministro y el ministro de Defensa”. Estas acciones incluyen “matar a palestinos en Gaza, causarles graves daños físicos y psicológicos e imponerles condiciones de vida que probablemente conduzcan a su destrucción física, el uso indiscriminado de la fuerza y el traslado forzoso de residentes, la falta del suministro de alimentos, agua, medicinas, combustible, refugio y otra ayuda humanitaria al pueblo palestino asediado, empujándolo al borde del colapso por inanición”. Sudáfrica destacó que había recurrido al tribunal «para determinar la responsabilidad de Israel por las violaciones de la Convención sobre el Genocidio», pero también «para garantizar la protección posible, urgente y más completa para los palestinos”.
Se espera que la Corte Internacional de Justicia se reúna para presentar el caso de Sudáfrica contra Israel este 12 de enero. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí criticó a Sudáfrica desde el momento de la presentación de esta demanda.
(*) Mahmoud Elalwani es embajador del Estado de Palestina en Bolivia
La CIJ y el genocidio en Gaza
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12.01.2024
El pasado 17 de noviembre, Bolivia junto a Sudáfrica, Bangladés, Comoras y Djibouti, presentaron ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud para investigar cuál es la situación en los territorios palestinos ocupados, como afirmó el fiscal de este tribunal, Karim Khan, anunciando que “su mandato se aplica a presuntos crímenes cometidos durante la guerra actual”. Sin embargo, los equipos del tribunal no pudieron entrar en la Franja de Gaza ni en Israel, sobre todo porque este último no es miembro de la CPI, subrayando en un comunicado que su oficina “recibió la remisión y actualmente está investigando la situación”.
El Gobierno boliviano había presentado esta solicitud junto con otros Estados “que comparten las mismas preocupaciones”, para que este tribunal preste “atención urgente a la situación actual en vista de su gravedad” y alentando a otros Estados, partes del Estatuto de Roma, “a unirse a la remisión o a proporcionar remisiones separadas de forma independiente”.
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