La agenda oficial de 2024 contempla al menos tres procesos que requieren consensos políticos formalizados, un acceso sin restricciones a la información pública y un seguimiento activo de la sociedad civil organizada. Se trata de las elecciones judiciales, el Censo de Población y Vivienda y las elecciones primarias de los partidos que concurrirán a las elecciones generales en agosto de 2025.
Como es sabido, el retraso de las elecciones judiciales ha derivado en un serio conflicto institucional con graves violaciones constitucionales, como consecuencia de las pugnas internas del MAS. Existen dudas fundadas de que la situación se pudiera remediar antes de que ocurran los otros dos procesos.
En cuanto al Censo de Población y Vivienda, conviene recordar que la decisión de realizar el empadronamiento el 23 de marzo y la presentación de los resultados correspondientes el 30 de agosto de este año, fue adoptada oficialmente luego de movilizaciones, huelgas de hambre y bloqueos de carreteras en varias regiones del país, desplegados por parte de comités cívicos, plataformas ciudadanas y organizaciones universitarias, en protesta por la falta de voluntad política de llevar a cabo la encuesta censal prevista para noviembre de 2022.
Los resultados de los censos de población y vivienda constituyen una herramienta fundamental para la planificación de las políticas públicas, así como para la identificación de las necesidades en materia de educación y salud. Desde la perspectiva de los intereses políticos y regionales, los resultados censales establecen el fundamento para que el Órgano Electoral determine la distribución de escaños parlamentarios, por una parte, y un pacto fiscal adopte la correspondencia entre la pauta de distribución de la coparticipación tributaria y el catálogo competencial de los departamentos y municipios del país, por otra.
Todas estas cuestiones involucran repartos políticos y fiscales a partir de consensos políticos previos de cumplimiento vinculante, habida cuenta de los desplazamientos demográficos ocurridos desde el anterior Censo de 2012, así como en razón de la contracción de recursos fiscales derivados de la caída de las exportaciones de hidrocarburos.
Las elecciones primarías que están previstas para noviembre de este año pueden interpretarse como un elemento en la reconfiguración del sistema político a partir de organizaciones de representación política formalmente constituidas, con capacidad de suscribir compromisos vinculantes en representación de corrientes de opinión verificables. Conviene señalar que los partidos constituyen una bisagra legítima entre los ciudadanos y el poder, en vista de que agregan demandas de la sociedad, educan políticamente a sus militantes y forman cuadros capaces de administrar políticas públicas y, algo muy importante, rinden cuentas públicas por el uso de los recursos que tuvieron a su cargo. La configuración de un sistema renovado de partidos constituye uno de los requisitos de la gobernabilidad democrática en el país.
Nada de eso forma parte de las prácticas políticas en la actualidad, pero es un requisito que debería cumplirse paulatinamente en los próximos meses, a fin de que en las elecciones primarias se establezcan efectivamente las candidaturas para las elecciones generales de 2025.
Los comentarios anteriores expresan la idea de que los tres procesos mencionados tendrían que interpretarse como componentes de una propuesta más amplia de reformas institucionales conducentes a fortalecer la gobernabilidad democrática. De ser así, los acuerdos alcanzados permitirían abordar la deliberación de otros pactos vinculantes destinados a consensuar formalmente una estrategia de nueva legitimidad para la estabilidad, la productividad, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.
Horst Grebe es economista.
La agenda del 2024 y los consensos necesarios
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14.01.2024
La agenda oficial de 2024 contempla al menos tres procesos que requieren consensos políticos formalizados, un acceso sin restricciones a la información pública y un seguimiento activo de la sociedad civil organizada. Se trata de las elecciones judiciales, el Censo de Población y Vivienda y las elecciones primarias de los partidos que concurrirán a las elecciones generales en agosto de 2025.
Como es sabido, el retraso de las elecciones judiciales ha derivado en un serio conflicto institucional con graves violaciones constitucionales, como consecuencia de las pugnas internas del MAS. Existen dudas fundadas de que la situación se pudiera remediar antes de que ocurran los otros dos procesos.
En cuanto al Censo de Población y Vivienda, conviene recordar que la decisión de realizar el empadronamiento el 23 de marzo y la presentación de los resultados correspondientes el 30 de agosto de este año, fue adoptada oficialmente luego de movilizaciones, huelgas de........
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