Diversos acontecimientos han cambiado el contexto acostumbrado de la adopción de políticas públicas y de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, cuando eso era necesario.
Se trata, en efecto, de la ocurrencia simultánea de una severa sequía y falta de lluvias oportunas en todo el país, agravada por los incendios forestales provocados deliberadamente por personas irresponsables que ponen en riesgo la vida de la gente y la pérdida de cobertura vegetal, lo que amplifica la sequía en el futuro.
Se suma a dichos episodios preocupantes, la presencia abusiva de las cooperativas auríferas en la ciudad de La Paz, que con prepotencia inaudita violentaron oficinas públicas y amedrentaron a la población, con miras a que el Gobierno atienda de inmediato un pliego con 10 demandas destinadas a legitimar los privilegios y las arbitrariedades que caracterizan a las operaciones de dichas cooperativas, localizadas principalmente en las cuencas de los ríos del norte del departamento de La Paz.
Semejantes abusos dieron lugar a la divulgación pública de las características de este sector de la minería en el país, cuyo crecimiento ha sido impulsado por sendas disposiciones legales y económicas en su favor, incluyendo el amplio beneficio de los subsidios a los carburantes. Por otra parte, se ha denunciado que no todas las cooperativas auríferas cumplen con las normas vigentes, en vista de que en muchos casos se trata de empresas privadas nacionales y extranjeras, que contratan trabajadores asalariados sin protección social alguna, además de que evaden el pago de impuestos a las utilidades que les corresponde.
Se ha dado a conocer también que, en comparación con los $us 3.000 millones de exportaciones auríferas registradas en 2022, las regalías totales pagadas efectivamente en dicho año apenas superan los $us 60 millones.
Entre las demandas de los cooperativistas auríferos se incluye el acceso a las áreas protegidas, pretensión que provocó la justa indignación de amplios sectores de la ciudadanía, en particular mujeres y jóvenes, anoticiados de que dichas cooperativas no respetan derechos de los pueblos indígenas, ni tampoco cumplen con la obligación de la consulta previa. Lejos de eso, se sabe ahora que la contaminación de los ríos con mercurio ha alcanzado niveles alarmantes, con los impactos consiguientes respecto de la salud de la población lugareña.
Existen fundadas dudas de que el Gobierno esté en condiciones de poner coto a dichos abusos y violaciones de la ley.
Todo esto hace pensar, en cambio, que la movilización de la sociedad civil frente a los excesos de las cooperativistas auríferas, se enlazará con las demandas internacionales de protección de la Amazonía, por una parte, y con el aumento de las voces que critican el modelo del extractivismo depredador, por otra.
La realización de la COP28 en las próximas semanas en Dubái y la reunión prevista de los países signatarios del Tratado de Cooperación Amazónica, serán sin duda escenarios de un intenso debate internacional sobre las urgencias de proporcionar el financiamiento internacional imprescindible para enfrentar el cambio climático en un contexto de tensiones geopolíticas inéditas y dos guerras simultáneas de duración indeterminada.
El debate informado sobre este tipo de cuestiones apenas empieza en el país, a pesar de que es impensable un viraje estratégico del modelo económico vigente, sin tomar en cuenta el redireccionamiento en curso de las cadenas de suministro y la competencia entre las grandes potencias por el dominio tecnológico y sus componentes materiales.
Mientras el Gobierno no encuentre una salida al bloqueo legislativo en que se encuentra, la sociedad civil, las entidades académicas y los expertos profesionales tendrían que iniciar un amplio debate público sobre las opciones realistas del país en un horizonte de largo plazo.
Horst Grebe es economista.
Calamidades ambientales y consecuencias políticas
4
0
19.11.2023
Diversos acontecimientos han cambiado el contexto acostumbrado de la adopción de políticas públicas y de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, cuando eso era necesario.
Se trata, en efecto, de la ocurrencia simultánea de una severa sequía y falta de lluvias oportunas en todo el país, agravada por los incendios forestales provocados deliberadamente por personas irresponsables que ponen en riesgo la vida de la gente y la pérdida de cobertura vegetal, lo que amplifica la sequía en el futuro.
Se suma a dichos episodios preocupantes, la presencia abusiva de las cooperativas auríferas en la ciudad de La Paz, que con prepotencia inaudita violentaron oficinas públicas y amedrentaron a la población, con miras a que el Gobierno atienda de inmediato un pliego con 10 demandas destinadas a legitimar los privilegios y las arbitrariedades que caracterizan a las operaciones de dichas cooperativas, localizadas principalmente en las cuencas de los ríos del norte........
© La Razón
visit website
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Belen Fernandez
Andrew Mitrovica
Mort Laitner
Rami G Khouri
Ali Fathollah-Nejad
Nikkei Editorial
