La violenta irrupción policial ecuatoriana a la embajada mexicana en Quito, cometida el 5 de abril, para atrapar al exvicepresidente Jorge Glas escondido allí, ha provocado la ruptura de relaciones entre esos países y la reacción universal de condena al irrespeto a las convenciones y los tratados internacionales sobre la inmunidad territorial de las sedes diplomáticas y la potestad de conceder asilo político que goza el Estado acreditado. Esa figura típicamente latinoamericana ha sido hasta hoy sagradamente cumplida tanto por regímenes autocráticos como por gobiernos democráticos, por ello se explica el alboroto suscitado. Un recuento apurado de ejemplos emblemáticos nos trae a la memoria los 63 meses (1948-1954) de encierro que padeció el famoso líder peruano Víctor Raúl Haya de La Torre en la embajada colombiana en Lima, ante la negativa del dictador Manuel Odría de concederle el salvoconducto respectivo. Ni la Corte Internacional de Justicia en La Haya pudo resolver el diferendo, sino un acuerdo entre las partes que permitió el viaje del asilado a Bogotá. Otro caso singular fue la invasión americana (operación Justa Causa) a Panamá (1989) para extraditar al general Manuel Antonio Noriega (alias Cara de piña) de su refugio en la Nunciatura Apostólica, sin observar su condición de jefe de Estado en funciones, aduciendo sus nexos comprobados con el narcotráfico.
Irónicamente, fue en la legación de Ecuador en Londres donde encontró amparo por casi siete años (2012-2018) el australiano Julián Assange, fundador de WikiLeaks, acusado de espionaje por Washington, quien ahora está en manos de la Justicia británica.
Y también ha sido la sede diplomática ecuatoriana en La Habana la que fue intervenida en 1961 y 1981, por la policía castrista para impedir el refugio que buscaban disidentes cubanos.
En Bolivia, a raíz del narcogolpe de García Meza (1981), la presidenta Lydia Gueiler fue albergada en la Nunciatura Apostólica y yo, como su cumplido ministro de Educación y Cultura, encontré asilo en la embajada de Francia, en Obrajes, donde al cabo de tres meses, sin salvoconducto, tuve que salir sigilosamente al exilio.
La actual crisis bilateral entre Quito y México, como explica el comunicado oficial, tiene su origen en la incontinencia injerencista del presidente López Obrador, quien logra aquel extraño goce sensual injuriando a sus homólogos de la región. Esta vez, insinuando que Daniel Noboa salió victorioso, en los comicios del 20 de agosto de 2023, aprovechando el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, insidia que provocó la declaración de persona no grata de su embajadora. En revancha, México concedió aceleradamente asilo político a Jorge Glas, sin observar que éste fue sentenciado por la Corte Suprema de Justicia por corrupción, a la pena total de 14 años de cárcel. Ante cierto rumor que un avión mexicano estaba listo para exfiltrar al sujeto fuera del país, aventura favorita de AMLO, el gobierno quiteño ordenó esa desafortunada incursión a la embajada.
En resumen, podrían existir dos avenidas para resolver este diferendo. La primera sería designar dos países amigos como mediadores para estudiar soluciones equitativas y la segunda, más escabrosa, que Ecuador devolvería a Jorge Glas al recinto diplomático mexicano, pero no le concedería el requerido salvoconducto, salvo decisión de la justicia local.
El haber acudido a la Corte Internacional de Justicia es retardar una rápida solución por meses o por años (como en el caso de Haya de La Torre) o acudir a las instancias regionales como la OEA o la Celac, es someter el caso al vaivén de las inclinaciones político-ideológicas del vecindario.
Carlos Antonio Carrasco
es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.
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