Son variados y muy valiosos los instrumentos constitucionales con que contamos los colombianos desde 1991 para hacer efectiva la democracia participativa, pero desafortunadamente poco los utilizamos o simplemente no sabemos usarlos por la falta de entendimiento o por su uso inadecuado, en el caso de la revocatoria del mandato, o porque desconocemos el impacto que a la postre generan.
El mecanismo más usual y conocido es el de las elecciones directas para presidente y vicepresidente, miembros de corporaciones públicas, gobernadores, alcaldes y juntas administradoras locales, los que, en su mayoría, y sobre todo hoy, están arropados más por intereses marcadamente individualistas que ideológicos o de país.
Ahora bien, el artículo 311 de la Constitución prevé que al municipio, como entidad fundamental del Estado, le compete “prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. Entre tanto, el mandato 319 de la misma Carta Política estatuye, en lo que es de resaltar ahora, que “cuando dos o más municipios........

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