Desde 1993 estamos acostumbrados a negociar investiduras con partidos nacionalistas catalanes y vascos; ya lo hicieron Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y ahora Pedro Sánchez. La diferencia de la negociación actual es que la lidera un partido que ha perdido las elecciones, que tiene tan solo 121 escaños y que negocia con partidos que ahora no reconocen la Constitución ni se sienten españoles. Esa posición de debilidad en la negociación y que el líder de uno de los partidos esté fugado de la Justicia han condicionado los acuerdos y han forzado a aceptar lo que el propio presidente Sánchez afirmaba hace tan solo tres meses que era inconstitucional, como es la amnistía. El nuevo Gobierno deberá gestionar estos pactos con suma delicadeza para no situar a España junto a Polonia y Hungría en el grupo de países que no respetan las reglas de la ley.
En el plano económico, los independentistas han conseguido que el PSOE asuma como diagnóstico compartido que Cataluña es una región maltratada fiscalmente y todos los postulados del “España nos roba” que comenzaron con el tripartito liderado por Pasqual Maragall y que fueron claves en el intento fallido de independencia de 2017 para generar a los catalanes la ilusión de que con la independencia vivirían mejor. Luego vino el caso, la fuga de empresas y el caos.
El principal impuesto en España es el IRPF, que es progresivo, por lo que pagan más los que más renta tienen, principio fundacional del movimiento obrero y de los sindicatos de clase y los partidos socialistas desde su creación hace casi 200 años. En Cataluña hay más trabajadores con salarios altos y por eso se pagan más impuestos que en Andalucía, Extremadura, Canarias o Castilla y León. En Madrid cotizan la mitad de los contribuyentes que ganamos más de 60.000 euros anuales y que supone casi un tercio de la recaudación del IRPF; por eso los madrileños pagamos muchos más impuestos que los catalanes y que el resto de los españoles. Yo soy uno de esos madrileños y, cuando me toca pagar mis impuestos, nunca pienso que España me roba, pienso que estoy pagando la pensión no contributiva de mi madre, los colegios de nuestros jóvenes y la salud de nuestro mayores.
La pandemia de coronavirus forzó a eliminar las reglas fiscales europeas y desde 2018, con Sánchez en la Moncloa, el gasto público ha subido seis puntos de PIB y los españoles pagamos cinco puntos más de PIB en impuestos, pero no ha sido suficiente, ya que hemos aumentando la deuda pública otros seis puntos de PIB hasta máximos no vistos desde hace un siglo.
La principal causa de déficit es el sistema de pensiones, que necesita cada año unos 40.000 millones para cubrir sus gastos por encima de las cotizaciones a la Seguridad Social. Necesitamos tres cotizantes para pagar una pensión y solo hay dos, así que un tercio de las pensiones de nuestros mayores se financian con deuda pública que pagarán nuestros hijos.
La otra partida de gasto que crece exponencialmente es la sanidad. Cada vez vivimos más años, hay una revolución biotecnológica de nuevos fármacos cada vez más eficaces y también más caros. Ha pasado ya la pandemia, pero las comunidades autónomas han aumentado todas su gasto sobre el PIB, que ya es estructural, pero no han aumentado su deuda, que la ha asumido íntegra la Administración Central, que también asume el déficit de la Seguridad Social —en Cataluña unos 6.000 millones de euros anuales y en el País Vasco más de 4.000 millones— y ahora también va a asumir el pago de los intereses de la deuda que se ha comprometido a condonar. La Administración Central gasta principalmente en los salarios de funcionarios y el ajuste vendrá por menos inversión, menos subidas de salarios y menos dinero para subir las pensiones.
La Comisión Europea acaba de publicar sus previsiones y espera un déficit del 3,2% del PIB en 2024. Es muy probable que este año cerremos el déficit por debajo de la previsión de este organismo y, simplemente, subiendo de nuevo el IVA de la electricidad y del gas y cumpliendo la regla de gasto del crecimiento del 2,9% que nos exige el Consejo Europeo podríamos cumplir con el Pacto de Estabilidad. Pero no hay dinero para cambiar el modelo de financiación autonómica y darle más dinero a Cataluña, como se ha comprometido Sánchez con Junts y ERC.
El problema es la elevada deuda pública, que obligaría a un ajuste estructural del déficit que el propio Gobierno de Sánchez ha reconocido que está próximo al 4% del PIB. Parece que las nuevas reglas fiscales europeas serán muy similares a las actuales y exigen a los país planes fiscales de reducción del déficit estructural que son incompatibles con todos los acuerdos que el presidente ha firmado para su investidura. Asimismo, también son incompatibles con el artículo 135 de la Constitución que fue modificado por el presidente Zapatero con el apoyo del PP en 2011 y en el que nos comprometemos a reducir el déficit público estructural.
Tener unas finanzas públicas sostenibles y poder financiar la deuda en los mercados financieros internacionales es una condición necesaria de una democracia como la española, con un Estado de bienestar tan desarrollado. En 2010 y 2012, cuando teníamos problemas para emitir deuda, tuvimos que hacer duros recortes que parece ya hemos olvidado.
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