Seis años después del golpe de Estado perpetrado por los supremacistas catalanes, tibiamente respondido por el partido de la gestión que ahora se reparte con el PSOE y Sumar las comisiones en el Congreso de los Diputados, el principal protagonista de aquella asonada decide gran parte del futuro de esa España a la que tanto odia. En Suiza, con el salvadoreño Galindo, especializado en acuerdos con narcoterroristas, como mediador y bajo una total desinformación, se negocia el futuro de una España que va camino de convertirse en una república. Bananera, para más señas.
Bajo una oscura atmósfera, el PSOE se ha ido plegando a todas y cada una de las exigencias del golpismo, hasta el punto de elaborar una ley de amnistía que se adapta como un guante a los delitos cometidos por los facciosos de la urna cuatribarrada. A la ley a la carta se unen 15.000 millones de euros que servirán para mantener sólidas las estructuras golpistas y llenos los bolsillos de los cabecillas lazis. El próximo paso de la gran empresa con sede en Ferraz será la fabricación de fórmulas retóricas bajo las que se tratará de encubrir un referéndum de autodeterminación para Cataluña.
Mientras llega ese día, Sánchez y su electricista de confianza han concedido a Puigdemont la anhelada bilateralidad que tanto ha perseguido el secesionismo. En algún lugar de Suiza, bajo un reloj de cuco al que cabría añadir el lema latino «todas duelen, la última mata», transcurren unas horas que, para la soberanía nacional, pueden suponer una auténtica cuenta atrás. Asentado cómodamente en Europa, Puigdemont acaricia su éxito con los dedos y sólo su condición de investigado por terrorismo, causa que Sánchez tratará de desactivar, podría dar al traste con una estrategia consistente en esperar a que el PSOE le necesitara para sobrevivir. Porque, en efecto, tal y como el propio doctor ha reconocido, la necesidad de los votos del derechista catalán ha sido el único motivo por el cual él mismo y sus ministros se han desdicho de lo afirmado públicamente durante años. Cambio de opinión, le llaman. «Antes una amnistía que la entrada en el Gobierno de la ultraderecha», afirman ante un público trabajado ideológicamente durante décadas de propaganda y adulación.
Preguntarse por las causas que han llevado a España a tal grado de corrupción obliga a retroceder más de siete décadas en nuestra historia. Obliga a retrotraerse al tiempo en el cual España entró en la órbita imperialista norteamericana que hoy, en lo ideológico, trascurre por las vías del wokismo que la izquierda abraza con efusión y cierta derecha con el anhelo de hacerse perdonar el olor a naftalina. Retroceder a esos días, y a los que siguieron, permite ver el nacimiento de un nuevo partido emergido sobre las ruinas de un clásico desaparecido durante el franquismo. Ese partido se llama PSOE y ha sido la marca bajo la cual han operado estrategias capaces de conducirnos, a su debido tiempo y a su debido precio, a la OTAN y a la UE. Especializado en el manejo de cacicazgos, el poder del PSOE, capaz de llegar al villorrio más recóndito, dócil herramienta de poderes ajenos, asume ahora el discurso de Puigdemont, marcado por una apelación a los Derechos Humanos que España habría conculcado hace seis años.
Para resolver cuestión tan elevada como embustera, los de Ferraz han llamado a una puerta que es su propia puerta, la de la Fundación Henry Dunant, cuyo presidente de honor es Javier Solana, también presidente del Aspen Institute que en 1949 arropó a Ortega y Gasset y abrió la vía de penetración cultural norteamericana, Congreso por la Libertad de la Cultura mediante, que en España cultivó la idea de las comunidades diferenciadas, del federalismo y de un europeísmo en el que tan arropado se halla Puigdemont.
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