La implantación de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario), aprobada en el 2023, representa un reto constante para las universidades de nuestro país. El texto incorporaba el compromiso de que el 1% del PIB se dedicara a la enseñanza superior para hacer frente a la voluntad de frenar la precariedad laboral, con una reducción a un 8% del profesorado asociado, frente al 40% de media actual, entre otros. Un aspecto que en el 2024 tiene que cambiar es la necesidad de que las prácticas no remuneradas del alumnado deban tener la cotización correspondiente a la Seguridad Social. Así, como leíamos recientemente en este mismo periódico, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, tras una reunión con responsables del Gobierno en Madrid, hacía pública la decisión de que las universidades valencianas cubrirán el cien por cien de las cotizaciones. Una medida que afectará a todos nuestros centros de enseñanza superior, con excepción de la Universitat Politècnica de València, que no se verá afectada por la medida porque desde hace años, las empresas que quieren estudiantes de prácticas están obligadas a pagar una pequeña cantidad de dinero que ha permitido desde entonces su cotización.
Aunque el decreto del Gobierno establece que el 95% de la cuota la tienen que pagar las universidades y sólo el 5% las empresas, el Govern Valencià considera que las empresas no tienen que pagar nada, con lo que todo recae en los centros de donde proceden el colectivo en prácticas. Estamos hablando de 48.200 estudiantes valencianos en el año pasado, de los cuales 10.500 son de la Universidad de Alicante. Se trata, pues, de un tipo de convenio que no implica relación laboral con la empresa o institución incluidas en programas formativos, con alumnos que tienen los estudios finalizados y que siguen matriculados en la entidad de procedencia. Hasta el momento actual, únicamente los estudiantes con prácticas remuneradas cotizaban a la Seguridad Social; a partir de ahora, todos los becarios se tienen que dar de alta, con independencia de tener remuneración o no. Así, cada día trabajado en prácticas no remuneradas se va a considerar como 1,61 días cotizados, de manera que en ningún caso se podrá sobrepasar el número de días que tenga el mes correspondiente. Todo ello sin tener un carácter retroactivo, pero que representará un nuevo agujero en las cuentas de nuestras universidades. Según la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), la aplicación de la LOSU costará 68 millones de euros a las universidades valencianas, del total de 800 millones del todos los centros de nuestro país. Sin un incremento de su financiación, medidas como la que se aplicará a partir del 1 de enero de 2024, la presión económica sobre estas instituciones sigue creciendo.
Seguimos sin un Plan Plurianual de Financiación Universitaria, que impide una planificación a medio o largo plazo de las cuentas de unas instituciones que, incrementando los gastos de personal por el lógico envejecimiento de su plantilla y la asunción de complementos derivados de esto, no se puede hacer cargo de las reformas y mantenimiento de infraestructuras, como de una potenciación de sus recursos de investigación. De esta manera, se vive al límite, o sea, con unas cuentas que dan un escaso margen que no sea para cubrir los gastos de personal. Cierto es que, una medida como la que entra en vigor en el nuevo año, se mejoran las condiciones del estudiantado, un colectivo que ya en el preámbulo de la nueva ley recibe la referencia a una “experiencia de prácticas efectivas” teniendo en cuenta “la salud emocional del estudiantado”.
No cabe ninguna duda de que la cotización a la Seguridad Social del alumnado es importante por la protección social que representa, todo ello siguiendo un cumplimiento legal de unas prácticas que, sin ser remuneradas, se pueden considerar una relación laboral. Al mismo tiempo, experimentar cómo funciona la Seguridad Social en el ámbito del trabajo es parte esencial de su educación universitaria. Pueden así adquirir conocimiento sobre sus derechos y responsabilidades como trabajadores, preparándolos mejor para su futuro profesional. Una medida que fomenta la equidad y la justicia en el entorno laboral. Con todo, si no se asegura una financiación suficiente de las universidades públicas, estaremos poniendo límites al desarrollo humano y técnico de las entidades encargadas de la formación de especialistas y la incentivación de una investigación útil para la sociedad que, fuera de las presiones de la empresa privada, puede mejorar las condiciones de nuestro entorno.
Con contrato y sin cobrar: la realidad de las prácticas universitarias
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28.12.2023
La implantación de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario), aprobada en el 2023, representa un reto constante para las universidades de nuestro país. El texto incorporaba el compromiso de que el 1% del PIB se dedicara a la enseñanza superior para hacer frente a la voluntad de frenar la precariedad laboral, con una reducción a un 8% del profesorado asociado, frente al 40% de media actual, entre otros. Un aspecto que en el 2024 tiene que cambiar es la necesidad de que las prácticas no remuneradas del alumnado deban tener la cotización correspondiente a la Seguridad Social. Así, como leíamos recientemente en este mismo periódico, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, tras una reunión con responsables del Gobierno en Madrid, hacía pública la decisión de que las universidades valencianas cubrirán el cien por cien de las cotizaciones. Una medida que afectará a todos nuestros centros de enseñanza superior, con excepción de la Universitat Politècnica de València, que no se verá afectada por la medida porque desde hace años, las empresas que quieren estudiantes de prácticas están obligadas a pagar una pequeña........
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